Lima: Más de 100 detenidos por fallida invasión de terrenos en Puente Piedra

Domingo 29 de abril del 2012 | 09:59La Policía frustra que mil personas tomen de espacio que le pertenece al Ministerio del Ambiente. Investigan a banda de traficantes de terrenos.

La Policía detuvo a 105 personas que pretendían invadir un terreno que le pertenece al Estado ubicado a la altura del kilómetro 39.5 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, informó el comisario del distrito, Incenzo Ievalamarca.

Esta acción fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que permitió descubrir la intención de este grupo de invasores.

El coronel informó que ayer, cerca de las 19:30 horas unas mil personas se concentraron en el paradero Rosa Luz. Allí juntaron habitaciones prefabricados en un almacén para trasladarlos hacia los terrenos.

El oficial explicó que el terreno era de propiedad del Ministerio del Ambiente en el que funcionará un parque ecológico. Según la Policía, una banda de traficantes de la asociación de provivienda Ángela Ramos estaría detrás de este hecho.

“Las personas manifiestan haber hecho un pago total de 720 soles: 420 por terreno y 300 soles por el costo de la habitación prefabricada a esta entidad”, dijo el comisario en RPP.

“Ellos (los estafados) serán citados nuevamente para realizar la investigación del caso para ver quienes conforman esta banda de traficantes de terrenos”, añadió.

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De como el poder financiero viene engullendo al mundo…

(Un informe de IDL Reporteros)

Cómo subsidiamos un oligopolio

Cuando hablamos de subsidios pensamos en la extrema pobreza, en programas como Juntos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si subsidiamos a los más ricos? Eso es precisamente lo que hacemos con el oligopolio financiero que controla los bancos en el Perú. Sepa aquí cómo sucede.

Presidentes de los tres bancos que acaparan el mercado: Dionisio Romero Paoletti (BCP), Pedro Brescia Cafferata (BBVA Continental) y Peter Cardinal (Scotiabank) (Fotos: Perú 21, La República y Scotiabank).

Por Patricio Ortega.-

El año pasado, los bancos privados cerraron sus balances con utilidades récord, superiores a los 4,000 millones de soles, mientras que en 2003 la cifra fue de poco más de 670 millones, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La mejora económica del país en estos años explica en parte el crecimiento de los bancos, así como el proceso de bancarización. Sin embargo, hay otro factor que definitivamente tiene influencia en el fenómeno: el spread o diferencial.

Los bancos tienen muchos mecanismos para ganar dinero, pero el más importante es la diferencia entre los intereses cobrados en los préstamos y los intereses pagados en los distintos tipos de depósitos. Ese margen se denomina spread, y en el Perú es altísimo.

De acuerdo al Banco Mundial (BM), a datos de 2010 la tasa de interés activa (créditos o préstamos) en el país tenía un promedio del 19%, y la pasiva (lo que el banco le paga a sus ahorristas), del 1,5%. La diferencia entre ambas cifras es del 17.5%, y explica a grandes rasgos el margen que le queda a los bancos entre lo que pagan por los depósitos y cobran por los créditos.

Si se toman los datos del BM y se realiza una especie de deprimente tabla de posiciones entre los países con mayor spread del mundo, el Perú se situaría en la décima posición. Países como Haití, Honduras, Venezuela, Sierra Leona y otros tantos con serios problemas económicos e inestabilidad política y social tienen un spread más bajo que el nuestro.

Si algún escéptico piensa que esos datos carecen de validez porque son de 2010, lamentablemente estará equivocado, pues la razón no varió sustancialmente. Al 11 de abril de este año, la SBS informaba que la tasa de interés pasiva promedio era del 2.40%, mientras que la tasa de interés activa promedio se sitúa en el 19.18%.

Si el promedio se traslada a la realidad, siempre de acuerdo a la información de la SBS, una persona que deposita 10,000 soles a plazo en un banco privado puede recibir, a lo sumo, un 8% de intereses en un año. Si esa misma persona solicita un crédito de 10,000 soles, pagaría tasas que pueden trepar hasta el 98%, dependiendo de las condiciones que el banco le imponga.

Desde la teoría, un spread alto implica riesgo económico. Es decir, los bancos no tienen confianza en que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones, y por ello suben los intereses de los créditos y bajan el de los depósitos, porque esperan un alto nivel de morosidad. Sin embargo, el crecimiento reciente y las perspectivas indican que el Perú no es un país riesgoso, sino todo lo contrario, se ha transformado en un país previsible, que proyecta confianza y atrae inversiones. Entonces, si no da indicio de riesgo y las ganancias son récord, ¿por qué el spread es tan alto?

De menos de mil millones de soles de ganancia a casi cinco mil millones en 2011: la alquimia del spread.

Poder financiero

Economista Óscar Ugarteche (Foto: La Jornada).


Si determinas la tasa de interés, determinas prácticamente toda la actividad económica, dijo el economista peruano radicado en México, Óscar Ugarteche, a IDL-Reporteros. El economista se refirió al hecho de que el crédito es una herramienta fundamental para apuntalar el consumo, base de cualquier sistema capitalista, pero además sienta las bases para la inversión local. Si las tasas son altas, las posibilidades de los empresarios –sobre todo, como veremos, de los medianos y pequeños– de financiarse mediante créditos para invertir en proyectos productivos, son escasas por lo oneroso y poco competitivo del crédito.

De acuerdo al espíritu de la ley peruana, las tasas deberían autorregularse, en base a las leyes de oferta y demanda. Sin embargo, la casi inexistente regulación, ha llevado a una concentración oligopólica del sector financiero que distorsiona la libre competencia que dice defender el sistema. Los balances de 2011 difundidos por la SBS explican no sólo las utilidades netas, sino a quiénes pertenecen esas ganancias. De los 4,332 millones de soles de ganancias netas que generaron todos los bancos privados, cuatro empresas se llevaron el 89.96%. El Banco de Crédito del Perú (BCP) fue el que más utilidades netas acumuló, con 1,438 millones, y luego el BBVA Continental, con 1,128 millones. Scotiabank ganó 788 millones e Interbank 540 millones.

Si se tienen en cuenta sólo los primeros tres bancos, el indicador sería de 77.47%. En 2003, los tres primeros absorbían el 79.56% de las utilidades. Evidentemente, la relación no cambió mucho pese al crecimiento económico, aunque hoy Scotiabank se haya posicionado como tercera fuerza, desplazando a Interbank.

El superintendente de la SBS, Daniel Schydlowsky, admitió que “a largo plazo, un sistema monopolizado no es estable”, y por ello el Estado debe trabajar para mejorar la competencia.

Sin embargo, confesó que la premisa de la SBS es “velar por la estabilidad del sistema, para garantizar los depósitos de los ahorristas”, aún si ese sistema es oligopólico. Con algo de resignación, Schydlowsky manifestó que en el Perú no hay leyes regulatorias: “Para bien o para mal, el marco legal del Perú es un mercado en el que las tasas de interés se fijan libremente. No hay marco regulatorio que se limite a fijar las tasas, no hay concepto de usura a nivel de las actividades comerciales”. Ugarteche fue más contundente: el sistema peruano “es un oligopolio concentrado” y por lo tanto “casi no hay competencia”.

Además del spread, la falta de regulaciones y la concentración provocaron otra distorsión en el sistema, que perjudica la competitividad de las pequeñas empresas y plantea inconvenientes a los ciudadanos para acceder al crédito. Hay una discriminación perversa en los hechos, en la cual los grupos con más dinero pagan mucho menos por el crédito que los empresarios medianos y pequeños. La SBS formuló seis grandes conjuntos, e informó sobre las tasas promedio para cada uno de ellos en los últimos 30 días. Al 11 de abril, los créditos al sector corporativo tenían una tasa de interés promedio del 6.11%, mientras que las grandes empresas obtenían préstamos al 7.03%. La relación iba creciendo, a medida que el grupo de análisis era menos poderoso, económicamente hablando: las medianas empresas pagaban tasas del 11.06%; las pequeñas empresas, del 23.18%; las microempresas abonaban un promedio de 32.79% y el sector consumo un 35.84%. Es decir, un pequeño empresario paga casi cuatro veces más por sus créditos que una corporación. Y un microempresario seis veces más. Párrafo aparte para los créditos hipotecarios, con tasas del 9.41%.

Las “Pymes tienen muy poco crédito y muy caro. La falta de crédito las hace menos competitivas. Tienen que autofinanciarse y eso es muy limitante”, consideró Ugarteche.

Una fuente de una entidad estatal, con profundo conocimiento del tema, que pidió mantenerse en el anonimato, explicó a IDL-Reporteros que las diferencias de las tasas entre los distintos grupos económicos se producen debido a un “subsidio” de los más pequeños a los más poderosos. En otras palabras, los pobres subsidian a los ricos: cuanto más pobres, más subsidian y cuanto más ricos, más subsidiados son. Como el sector corporativo tiene la posibilidad de “acudir al mercado de capital y vender bonos en vez de pedir prestado”, los bancos están forzados a reducir sus tasas para atraer a los grandes clientes. Esa concesión hace que las empresas financieras efectúen “una especie de subsidio, subiendo las tasas de interés de los pequeños clientes, que no tienen otra opción para conseguir dinero”, y así mantener sus márgenes de ganancias.

Ugarteche mencionó otra causa que explica el elevado spread: la urgencia de las empresas trasnacionales para explotar a los mercados emergentes ante la desaceleración en los países centrales. BBVA, banco español dueño de Continental en el Perú, reportó beneficios superiores a los 1,000 millones de euros durante 2011 en América del Sur, un 16.2% más que en 2010. México produjo beneficios por 1,741 millones de euros, un 5.4% más que en 2010. En el mismo período, el mercado español del BBVA, donde se encuentra la casa matriz, se contrajo en un 39.5%.

El economista peruano advirtió además que la tasa activa en el Perú es demasiado elevada. “Si consideras que la inflación estuvo alrededor del 4%”, y la tasa de interés activa promedio supera el 19%, “entonces ahí hay una percepción de riesgo demasiado alta”, estimó. Para el autor de La Arqueología de la modernidad, hay una voracidad desmedida por parte de los bancos, y una ausencia absoluta de control del Estado. Si los bancos obtienen el dinero mediante los créditos del Banco Central e interbancarios, con una tasa alrededor de un 4%, y por los depósitos pagan intereses en algunos casos cercanos al 1%, pero por los créditos exigen tasas altísimas, “entonces lo que tú tienes ahí es un robo a mano armada”, sentenció.

Javier Poggi Campodónico (Foto: La República).


A diferencia de Ugarteche, un funcionario de la SBS expresó una posición claramente favorable a la situación actual. El superintendente adjunto de Estudios Económicos de la SBS, Javier Poggi, rechazó cualquier relación entre el elevado spread y la concentración bancaria o la falta de regulación, y optó por enumerar las presuntas particularidades del mercado financiero peruano para explicar el fenómeno, en evidente contradicción además con el titular de la SBS.

Poggi sostuvo que la enorme diferencia entre las tasas activas y pasivas encuentra correspondencia en el riesgo y el gasto operativo. Existen, para Poggi, “dos elementos importantes: por una parte, el riesgo que implica prestar a ciertos segmentos” que están entrando al sistema en una economía informal y “un costo administrativo”, porque son los bancos “los que tienen que salir a buscar al cliente”. De tal modo, el funcionario de la Superintendencia concluyó que “la medida comparativa en el Perú no debería ser plata que pagas en el crédito, plata que cobras en el depósito, sino que habría que incorporar riesgos y costo administrativo”, aunque no explicó por qué países similares al nuestro, como Colombia o México, tienen un spread menor.

Desde la perspectiva de los consumidores, IDL-Reporteros consultó a Paúl Castro, presidente del Consejo de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú (Conacup), una organización que engloba a 75 asociaciones de defensa del consumidor, que recientemente denunció a seis bancos por publicidad engañosa. Castro mencionó un artículo publicado por la revista América Economía que estima que “el sistema bancario del Perú es uno de los más lucrativos que existen en la región”. Rechazó además el argumento de que el spread es alto porque existe un elevado riesgo de no pago: “la tasa de morosidad llega apenas al 1.25%”. Para el activista, el quid de la cuestión es la concentración. Actualmente hay muchos bancos privados, “pero todos sabemos que de ellos solamente cuatro manejan más de un 80 por ciento del mercado”, y por lo tanto tienen el poder de aplicar las tasas arbitrariamente.

¿Cómo enfrentar el problema?

Las cifras y las declaraciones de los especialistas no dan lugar a dudas: existe una distorsión en el sistema bancario que genera un spread excesivamente alto, con consecuencias sociales negativas, sobre todo en el perjuicio para la competitividad de los emprendedores emergentes, los medianos y pequeños.

Identificado el problema, llega el momento de reconocer las soluciones. En general, los especialistas consultados rechazaron la posibilidad de establecer un interés máximo, para definir qué es usura y qué no lo es, y se inclinaron por aplicar políticas que fomenten la competencia. Schydlowsky afirmó “no tener miedo a los controles” sobre la tasa de interés, pero prefirió evitarlos. “Antes de llegar a eso, es preferible agotar otras instancias. Y si nada ha funcionado y hay una situación intolerable, que no es el caso, se hace”, opinó, pero reconoció su preocupación porque “una economía sana debe tener un mercado de inversión competitivo con tasas reales positivas, pero no tan altas”.

Daniel Schydlowsky, superintendente de la SBS (Foto: Andina).


El economista de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, opinó que “es tarea del Estado generar mayor competencia a través del ingreso de nuevas entidades financieras para que el entorno más competitivo disminuya tasas”. Ugarteche, por su parte, partió desde la refutación de la ausencia de regulaciones estatales: “la autorregulación de este mundo moderno dice: yo soy el dueño de la pelota, yo pongo el árbitro, el arco… ¿con quién juegas? Contigo mismo. Esa fue la reforma del 1992”, opinó Ugarteche, que hizo referencia a la nueva ley orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, sancionada por el Decreto Ley 26123 del 30 de diciembre de 1992. El economista rechazó la posibilidad de establecer una tasa máxima, pero sí de incrementar el control y la regulación sobre los bancos, para crear una competencia más limpia.

Castro también se refirió a la competencia, pero no rehuyó a la posibilidad de que se defina una tasa máxima para determinar la usura. “En otros países, como Francia o Colombia, se hace y no hay problemas. No veo cuál es el miedo”, indicó.

En resumen, es indiscutible que en el país existe una fuerte concentración del sistema financiero, que establece arbitrariamente las tasas ante la impotencia reguladora de un Estado que no cuenta con herramientas ni la voluntad política para corregir los oligopolios.

Las diferencias en las tasas activas y pasivas, y aún la disparidad de los intereses para los distintos grupos económicos marcan un camino que profundiza las desigualdades.

Ex Dictador Fujimori debe al Perú más de 27 millones por reparaciones civiles

Los delitos de corrupción no incluyen montos mucho más grandes que se presume saqueó al país y envió al exterior
Presidente Ollanta Humala planteó recientemente que deben ser recuperados.

El referido monto está consignado en la relación de deudas impagadas por el mismo concepto, por ex miembros del régimen fujimontesinista sentenciados por corrupción; lista que la Procuraduría Anticorrupción actualizó a enero de 2012.

Fujimori solo ha pagado, según el informe, la ínfima suma de 150,653 de los 27’459,562 soles que debe y se niega a abonar. El monto reúne las reparaciones fijadas en los tres casos en los que fue sentenciado por la justicia, entre ellos 2’849,346 soles por el caso del pago de una “indemnización” de 15 millones de dólares de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a su exasesor, Vladimiro Montesinos.

Asimismo, la lista incluye los 24’060,216 soles correspondientes a la condena por corrupción en las modalidades de soborno, espionaje telefónico y uso de fondos del Estado para sobornar a medios de comunicación, suma de la que el exmandatario no depositó ni un centavo al Estado.

En la misma situación están los 550 mil soles que tampoco ha cumplido con desembolsar, en su integridad al fisco, por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor, Vladimiro Montesinos, en el año 2000.

Sus integrantes civiles del gobierno dictatorial Fujimorista tampoco se quedan atrás en lo que a incumplimiento de sus obligaciones con el Estado se refiere, con el agravante de que todos ellos, a excepción de Víctor Alberto Venero Garrido, están en libertad, burlándose de la justicia que los sentenció.

RODRÍGUEZ MEDRANO
Tal es el caso del exmagistrado Alejandro Rodríguez Medrano, considerado hombre de confianza de Vladimiro Montesinos y operador judicial de la mafia fujimontesinista, desde su cargo de vocal supremo.

Rodríguez Medrano debe al Perú un total de 554,372 soles, por reparaciones civiles adeudadas en dos procesos en los cuales terminó sentenciado; el primero, por los delitos de corrupción activa de funcionarios y tráfico de influencias, en el caso de la coacción a la jueza suplente en lo penal Sonia Medina Calvo para resolver favorablemente una querella interpuesta por el director de la revista “Gente” contra el periodista Hugo Guerra.

En ese caso, el exvocal supremo, que debía abonar 500 mil soles, solo entregó 37,927 soles, y debe un total de 462 mil 072 soles.

La segunda sentencia en su contra -impuesta también a otros exmagistrados- es por los delitos de asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios, por haber sometido al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Jurado Nacional de Elecciones a los intereses del régimen del expresidente Alberto Fujimori.

Aquí le fue fijado un pago de reparación civil al Estado de cien mil soles y Rodríguez Medrano entregó únicamente la irrisoria suma de siete mil 700 soles, restando S/. 92,300.

ALFREDO JALILIE
El segundo personaje es el exviceministro de Hacienda, Alfredo Jalilie Awapara, a quien se le atribuyó el calificativo de “cajero” de las finanzas de la dictadura Fujimorista, el mismo que fue sentenciado a cuatro años de prisión -junto a su jefe Alberto Fujimori- por el pago de una “indemnización” de 15 millones de dólares de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a Montesinos.

A Jalilie le fue fijada una reparación civil de dos millones 500 mil soles, pero solamente canceló 118,610 soles al erario nacional, con un faltante de 2’381,389 soles que, sabe Dios cuándo cumplirá con retornar al país.

CARLOS BOLOÑA
Otro sentenciado que pese a ser un acaudalado empresario no paga totalmente la reparación civil impuesta por la justicia, es el exministro de Economía de la mafia fujimontesinista, Carlos Boloña, uno de los artífices de la política económica neoliberal y de la aniquilación del Estado.

Boloña fue el mismo exfuncionario de Fujimori que, en 1994, tras dejar su puesto, asumió la presidencia del Directorio de una AFP que creó en virtud a una ley que él mismo había promovido como ministro del sector Economía.

Igualmente fue cuestionado por su aparición en vladivideos, negociando la posibilidad de realizar un golpe de Estado contra el propio Fujimori, con el apoyo de Montesinos. El Poder Judicial le impuso un pago solidario de tres millones de soles, de los que solo ha pagado 150,653 soles. Su deuda es de 2’849,346 soles.

FEDERICO SALAS
El cuarto personaje de la administración Fujimorista en incumplir con sus obligaciones legales con el Estado, es el exalcalde provincial de Huancavelica y, por años, un fuerte opositor al extirano, Federico Salas Guevara-Shultz, hasta que cedió a la tentación del poder y asumió el premierato del régimen que decía abominar.

Salas fue procesado y sentenciado por su responsabilidad, compartida con su jefe Alberto Fujimori, Carlos Boloña y Alfredo Jalilie, en el pago de los 15 millones de dólares al exasesor Montesinos.

Al igual que Boloña, a Salas se le fijó un pago solidario de tres millones de soles, de los que Salas ha devuelto apenas 150,653 soles. Y, por tanto, debe 2’849,346 soles.

VÍCTOR ALBERTO VENERO
Víctor Alberto Venero era otro de los individuos claves en el manejo de las finanzas ilegales de la década fujimontesinista. A juicio de los analistas, se habría desempeñado como una especie de testaferro y “broker” (persona dedicada a operar en el mercado financiero) de la mafia Fujimori-Montesinos.

Venero admitió haber pagado alrededor de 36 millones de dólares a Montesinos, en comisiones por el manejo de la Caja Militar-Policial y por la adquisición de armas, uniformes, chalecos, helicópteros.

El personaje adeuda la totalidad de los 13’080,000 soles de reparación civil al fisco nacional, suma que comprende los tres casos judiciales por los que ha sido sentenciado.

En el primero, la compra de los aviones MiG-29 y Sukhoi-25 a BielorRusia, le fue fijada una reparación civil de dos millones de soles. En el segundo, relacionado con las operaciones ilícitas sobre la compra de acciones en Financiera del Sur y el Banco de Comercio, por 22 millones de dólares, el monto se elevó a diez millones de soles. Mientras que en el tercero, referido a las colocaciones ilegales en el Banco Wiese, se le impuso la suma de un millón 80 mil soles.

VÍCTOR JOY WAY
El último de los civiles del cogollo de Alberto Fujimori incurso en esta lista de omisos al pago de reparaciones civiles es Víctor Joy Way, exprimer ministro, extitular de Economía y uno de los “hombres fuertes” del régimen de Alberto Fujimori.

Joy Way fue sentenciado por favorecer a empresas chinas en la suscripción de contratos con el Estado para la compra de tractores a través de operaciones presuntamente irregulares y la adquisición -a cuatro empresas chinas- de medicamentos y equipos médicos, por los cuales generó “comisiones ilegales” que las depositó luego en cuentas bancarias en Europa, China y Venezuela, a nombre de su esposa Liliana Troncoso.

También fue condenado por el caso del vladivideo de una reunión con Vladimiro Montesinos para evitar el referéndum contra la ilegal re-reelección de Alberto Fujimori.

Por ambos delitos se le impuso reparaciones civiles por un total de 11 millones de soles (diez millones por sus cuentas bancarias ilegales y un millón por el caso de las maniobras para impedir el referéndum contra la re-reelección), Solamente ha abonado la ridícula suma de 300 mil soles.

M.Samanez/J. Soto

España: Sanidad dejará de atender a 150.000 inmigrantes en un plazo de dos años


Ahorro se calcula en 240 millones en el colectivo que gasta menos que los españoles

Las medidas anunciadas por el Gobierno dejarán sin tarjeta sanitaria a unos 150.000 extranjeros en situación irregular en un plazo máximo de dos años, según los cálculos de este diario. Ello supondría un ahorro aproximado de 240 millones, en lugar de los 500 previstos inicialmente por el Ejecutivo, si tomamos como base el gasto medio de un ciudadano español en servicios sanitarios.

Según un borrador del decreto al que ha tenido acceso este diario, la residencia no será la única condición para poder acceder a la tarjeta que da acceso a las consultas de primaria. Habrá que estar asegurado. Y esto, de manera general, implica darse de alta en la Seguridad Social.

Gobierno exigirá que estén dados de alta en la Seguridad Social
Como los extranjeros tienen que renovar esta documentación cada dos años, bastará con endurecer los requisitos para dejarlos fuera, sin necesidad de tomar otro tipo de medidas más drásticas, como identificarlos antes y anular su tarjeta.

El cálculo del número de afectados por la medida se basa en el cruce de datos entre el padrón y el Registro Central de Extranjeros. El primero, que es el que hasta ahora daba acceso a la tarjeta sanitaria, incluye a 459.946 personas más que el segundo. Pero de ellos, la mayoría (306.477) son residentes de la UE, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro, como confirman fuentes gubernamentales. Eliminados estos de la lista de extranjeros en situación irregular, 153.469 personas cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.

El siguiente paso es calcular lo que gastan estas personas. Si se les aplican los 1.600 euros por persona que cuesta al año cada español en sanidad, salen los 240 millones de euros. Como mucho.
Y hay que destacar ese “como mucho”, ya que el cálculo se ha hecho tomando las condiciones más favorables a la tesis del Gobierno. Como dice un experto que lleva 25 años trabajando en prestar atención a inmigrantes y que quiere mantener el anonimato, en esa cifra están incluidos los menores (aproximadamente el 15%), y se supone que estos no van a verse afectados por la medida. Tampoco quedarán sin atención las mujeres que se queden embarazadas.

La otra gran generalización de este cálculo es que se ha supuesto que el gasto medio de un extranjero es igual al de un español. Y todos los estudios indican que eso no es así. “No hay hiperfrecuentación de los inmigrantes ni hacen mal uso”, afirma Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc).

Uno de los últimos trabajos en este sentido es el que ha hecho con datos de 2009 Ángel Alberquilla, técnico de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. El estudio, centrado en el área 11 de la capital, que abarca una zona de casi 900.000 habitantes donde el 20% es inmigrante, es demoledor. Todas las partidas estudiadas: consumo de medicamentos, visitas a consulta y hospitalizaciones indican que los extranjeros consumen menos.

Por ejemplo, en el consumo de farmacia, la media está en 381 euros por persona y año. Pero la proporción entre autóctonos y extranjeros es casi de uno a cinco: 96,5 euros para los inmigrantes y 446,4 euros para los nacionales.

Los extranjeros consumen menos fármacos y visitan
menos al médico

Algo parecido ocurre con la llamada “carga de enfermedad”, una variable que mide la frecuentación general al sistema sanitario y el número de episodios por paciente: los españoles tienen una media de 7,65, y los extranjeros de 5,05.

La frecuentación hospitalaria por 100 habitantes está en la misma línea (8 para los españoles, 5,8 para los extranjeros). Pero es que incluso en los ingresados, los extranjeros gastan menos: 4.710,41 euros de los originarios de países pobres por 6.759,94 de los españoles.

Ni siquiera usan más las urgencias: el número de visitas a este servicio corresponde con el 40,6% de la población inmigrante frente al 44,6% de la nacional (eso no quiere decir que vaya el 40%, porque alguno va más de una vez al año).

Solo hay un caso en que es cierto que hay, proporcionalmente, más extranjeras que españolas: en las unidades de maternidad.

Para el experto anteriormente mencionado, la explicación de estos datos es “obvia, aunque hay que repetirla”: los inmigrantes son, en general, más jóvenes, los fuertes de cada casa, que son los que emigran para poder enviar ayuda a sus familias en los países de origen.

Quizá el caso más extremo de ello sea el de los subsaharianos. Antonio Díaz de Freijo, presidente de la ONG Karibu, especializada en esta población, narra que tardan, de media, tres años en llegar a España. “Tienen que cruzar el desierto y el mar. Llegan los más sanos”, dice Díaz de Freijo. Eso sí, muchos, cuando llegan, van directos al hospital. Pero es porque han agotado sus fuerzas por el camino, en la patera.

En cualquier caso, Díaz de Freijo insiste en que “no se puede confundir turismo sanitario con inmigración”. Los datos de los informes estudiados lo demuestran. Son los extranjeros que vienen de países ricos, muchos de ellos jubilados, los que tienen un consumo más aproximado al de los españoles.EB/CHM

Disminuye considerablemente número de extranjeros en España


La población española parece estar estancándose a juzgar por los datos del padrón

La población española parece estar estancándose a juzgar por los datos del padrón difundidos el jueves, que registran un aumento de los habitantes prácticamente nulo en 2011 debido, entre otras cosas, al descenso del número de inmigrantes en un país profundamente afectado por la crisis económica.

Desde finales de los años 90, España había registrado un aumento anual poblacional considerable principalmente por la constante llegada de inmigrantes a una boyante economía basada en la construcción.
En 2011, con la llegada de lo peor de una crisis económica que ha dejado en el paro a más de cinco millones de personas, el número de habitantes creció sólo en 22.497, hasta un total de 47.212.990.
Frente a ese leve aumento de la población total, la cifra de extranjeros descendió por primera vez, un 0,7 por ciento, situándose en 40.447 menos, hasta un total de 5.711.040, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En la actualidad, el número de extranjeros residentes corresponde al 12,1 por ciento de la población, que en 2011 registró un crecimiento de los ciudadanos de la UE (45.494 personas más) y un descenso de los de países no comunitarios (85.941 personas).
De los datos del padrón difundidos el jueves se desprende también que cinco comunidades autónomas – Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Galicia – perdieron población.
Además, los datos del INE recogen de nuevo el envejecimiento de la población española, ya que sólo el 15,8 por ciento tiene menos de 16 años, frente a un 43 por ciento que cuenta con más de 45 años y un 41 por ciento que tiene entre 16 y 44.
Los datos son un avance provisional y se revisarán a finales de año, según el INE.

El abandono

 

 

 

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Llegada de los restos del suboficial Landert Tamani Guerra, el lunes 16 de abril (Foto: Inforegión).
 
 

Por Gustavo Gorriti.-

La caída del helicóptero 357, la nave UH1H2, donde murió la mayor PNP Nancy Flores en la tarde del jueves 12, desató otros enfrentamientos en el mismo cerro y sus cercanías entre el jueves y el sábado 14, con un  saldo trágico en todos ellos: la muerte de tres suboficiales de la Dinoes pocas horas después; y la emboscada a una patrulla del EP el sábado, que mató a dos suboficiales del Ejército y dejó a diez heridos, el sábado 14.

De los tres enfrentamientos, el más difícil de comprender es el que llevó a la muerte de los tres policías de la Dinoes. ¿Por qué se los abandonó en el cerro, si hacerlo equivalía a condenarlos a morir? ¿Por qué no se trató de socorrerlos en forma inmediata?

IDL-R ha seguido la secuencia de hechos que llevaron a ese luctuoso desenlace.

El día que fue abatido el 357, la patrulla Dinoes en donde estaban los tres suboficiales, se encontraba al norte, en Mazamari. Habían llegado poco antes a la antigua base Sinchi desde Lima, para hacer ‘un reentrenamiento’. Eran 30 policías (la mayoría suboficiales de segunda y tercera) al mando de tres capitanes, que, se suponía, iban a hacer un curso combinado con la Marina y la FAP.

Pasado el mediodía, la patrulla de Dinoes recibió la orden de trasladarse de Mazamari a Pichari. Al llegar, les dijeron brevemente que no iban a participar en un curso sino en un operativo. Se trataba de hacer un anillo de seguridad en torno al helicóptero derribado.

Pese a que los senderistas habían atacado (y derribado) un helicóptero que tenía a otro de sombrilla y que se podía suponer que habría por lo menos un francotirador senderista en el lugar, la patrulla fue transportada por un solo helicóptero, sin otro que pudiera hacer de escolta o de sombrilla. ¿No había otros helicópteros disponibles? ¿Confiaron los pilotos militares en el blindaje de la parte inferior del MI-17 y supusieron que si se mantenían en sobrevuelo sería muy difícil que los francotiradores senderistas acertaran en un punto vulnerable?

Sea como fuere, el MI-17 del Ejército, con pilotos de la Aviación del Ejército, salió de Pichari cerca de las 3:30 de la tarde. Veinte minutos después, a las 3:50 p.m., mientras el helicóptero sobrevolaba el cerro donde había caído el 357, los 27 policías se prepararon a deslizarse sobre la cuerda de descenso rápido fast rope.

Los primeros en bajar fueron los suboficiales de tercera César Vilca Vega y Luis Astuquillca Vásquez, los siguió el suboficial Landert Tamani Guerra y se preparó para deslizarse el suboficial José Miguel Millones Velásquez.

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Suboficial PNP César Vilca Vega .

 

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Suboficial PNP Luis Astuquillca Vásquez (Foto: Reniec).

 

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Suboficial de tercera Landert Tamani Guerra (Foto: Epensa).

 

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Suboficial PNP José Miguel Millones Velásquez (Foto: Reniec).

Hubo disparos entonces y por lo menos una bala impactó la cabina de pasajeros y las esquirlas hirieron a Millones en el rostro. La herida era aparatosa, por la hemorragia facial, aunque resultó siendo leve y de poca importancia.

Pero entonces sucedió lo inaudito: el piloto del helicóptero abortó el desembarco por soga rápida y viró (o más bien huyó)hacia Kiteni ante la consternación de los otros policías, que le insistieron a su oficial, el capitán PNP Jesús Soto Quintanilla, que volvieran a donde habían dejado abandonados a sus camaradas de armas. Soto no reaccionó, según testimonios de varios policías que estuvieron presentes en el helicóptero.

Los policías insistieron en volver y pidieron que en todo caso los dejaran a medio kilómetro, o hasta un kilómetro de la cima del cerro, donde estaban sus camaradas en peligro mortal. Soto, denuncian los policías, no los apoyó ni argumentó con los pilotos.

¿Tuvieron miedo los pilotos de ser derribados y concluyeron que menos malo era el sacrificio de tres que el de treinta y, además, con el helicóptero de yapa? Pero el hecho es que sabían que ahí había por lo menos un francotirador senderista que, todo indicaba, no había sido eliminado por el fuego impreciso que se lanzó contra él durante el derribo del 357. ¿O fue una orden del comando operativo en Kiteni, asustado ante la posibilidad de perder otro helicóptero?

Lo que sustenta esta posibilidad es que, pese a estar Kiteni a cinco minutos de vuelo de la zona de tiroteo, no salió ningún otro vuelo ni ningún refuerzo durante el resto del día, en el que la patrulla permaneció en Pichari.

 

 

Coronel PNP Edison Salas Zúñiga, jefe de la Diroes (Foto: PNP).

Los suboficiales, según varios testimonios, fluctuaban entre sentimientos de consternación, impotencia e indignación. Uno de ellos, según testigos, le pidió con vehemencia al jefe de la Diroes, el coronel Edison Salas Zúñiga que fueran a rescatar a sus compañeros. La respuesta de Salas fue, de acuerdo con las fuentes: “Calla, chiquillo de mierda”.

Al ser consultado por IDL-R sobre por qué se abandonó a los suboficiales, el coronel Salas indicó que “yo desconozco. No he estado a cargo de los operativos. Los que han operado allá son los jefes que han estado allá”.

IDL-R intentó comunicarse en repetidas veces con el capitán Soto Quintanilla y el jefe de la Dinoes, coronel PNP Amador Bacalla, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. A este último, cada vez que se le mencionaba a IDL-Reporterosparecía tener una crisis de sordera.

Lo que resulta ya increíble es que el día siguiente, viernes, no se llevó a cabo ninguna operación para rescatar a los Policías. Ese día, un piloto reportó haber visto el cadáver de uno de ellos tirado en el monte. Ni aún así se hizo el esfuerzo.

Recién el sábado a media mañana, ya liberados los rehenes, se movilizó varias patrullas para acercarse al helicóptero abatido, el 357, permitir el repliegue de la patrulla sinchi al mando del coronel del Castillo, ‘Milkito’, que había permanecido parapetado en el lugar desde la caída del helicóptero. Y, de paso, buscar a los policías.

 

Recién el sábado las fuerzas de seguridad emprenden la búsqueda de los policías desaparecidos (Foto: La República).

Así, un capitán al mando de una patrulla de comandos del Ejército, recibió la información de un lugareño, de que habían encontrado el cadáver de un suboficial, el de Landert Tamani.

Acompañado por los residentes del lugar (lo que pudo haberlo salvado de emboscadas), el capitán recuperó el cadáver de Tamani y avanzó hasta el punto de encuentro con las otras patrullas. Tamani, según informaron a los policías, tenía la mano quemada (probablemente por el descenso en cuerda) y tres heridas de bala que parecían haber sido hechas a distancia.

“A mi hijo lo han abandonado”, enfatizó el técnico de segunda del EP, Félix Tamani, padre de Landert (Foto: Perú 21).

La suerte de los suboficiales Vilca Vega y Astuquillca Vásquez no parece haber sido mejor. Informaciones captadas de diversa manera indicaban que los senderistas estaban contentos por haberse apropiado de tres fusiles AKM y una pistola. Finalmente, el líder senderista ‘Gabriel’, en su corto encuentro con los periodistas de La República, Panamericana y El Comercio, confirmó que habían dado muerte a los policías cuando estos se negaron a rendirse.

Si así fuera, y cabe poca duda que tal fue el caso ¡Qué diferente mensaje de honor y valor dejan estos policías desde el otro lado de la muerte, que el que dan sus superiores! Negarse a rendir, sabiendo que eso significa la muerte, luego de ver el cobarde abandono que los condenó a ese último, trágico dilema.

 

“Estaban cayendo del helicóptero tres policías, a esos les hemos ametrallado”, aseguró ‘Gabriel’ a un grupo de periodistas en Alto Lagunas (Foto: La República).

¿Qué se pudo haber hecho? IDL-R consultó el caso con varios pilotos con probada experiencia de combate y habilidad operativa. Ninguno hubiera abandonado a sus hombres.

“El helicóptero pudo regresar rápido, si se trataba de evacuar al herido” dice uno de los pilotos con más experiencia, “pero si la vida del herido no peligraba, pudo haberse elevado, sobrevolar el área, comunicarse con Kiteni y pedir cobertura mientras sigue reconociendo desde arriba y pedir apoyo [sic]”.

Otro piloto fue más directo: “Elevarse, cortar ataque, pedir apoyo, ablandar, entrar de nuevo”.

No hay ejército o fuerza armada o policía o agencia de investigaciones que se respete en el mundo, que no esté dispuesto a llegar a la frontera de lo imposible por salvar a sus compañeros heridos, presos, perseguidos. Muchas veces el costo de salvar es, en apariencia, mucho mayor que el beneficio de hacerlo. Varias muertes (en acción) para salvar una vida, por ejemplo.

Pero el resultado es un efecto poderoso: todo soldado, todo policía sabe que nunca será abandonado y que todos sus compañeros pondrán su propia vida en juego por salvarlo. Ese conocimiento respalda y muchas veces hace posible las hazañas, la entrega, las victorias.

¿Qué puede pensar, en cambio, el soldado o el policía de jefes indiferentes o cobardes que con toda indiferencia lo abandonan? ¿Lo mismo que piensa de los jefes choros, peor aún?

La muerte de los suboficiales Vilca, Tamani y Astuquillca es un baldón para todos sus jefes y para el comando operativo que estuvo en funciones en Kiteni. Espero que, por su propio honor, los ministros del Interior y de Defensa investiguen y sancionen el cobarde abandono que sentenció a morir a estos tres dignos y valerosos policías.

España entra en conflicto con Argentina por la nacionalización de YPF

Reaccionó con virulencia y anunció represalias

España reaccionó el lunes con virulencia en contra del Gobierno argentino y anunció que tomará represalias sin concretar tras el anuncio de una nacionalización de YPF que quitará a la española Repsol la participación de control en su filial argentina.
“El Gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión de Argentina de expropiar las acciones de Repsol en YPF”, dijo el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, tras una reunión de urgencia con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Industria, José Manuel Soria.
En una rueda de prensa conjunta, tanto el ministro de Exteriores como el de Industria anunciaron que han solicitado el apoyo expreso a sus socios europeos y que están ultimando medidas “contundentes” que se anunciarán en los próximos días.

“Habrá consecuencias”, dijo García Margallo que acusó a Buenos Aires de faltar a su palabra y de romper el clima de coordinación y amistad que ha presidido durante décadas las relaciones entre ambos países.
Los dos ministros explicaron que los responsables argentinos de planificación y economía habían acordado con el titular español de Industria el pasado 28 de febrero que “cualquier tipo de diferencia con respecto a YPF sería resuelta amistosamente por los grupos de trabajo constituidos por ambos países”.
El titular de exteriores dijo que el Gobierno ha pedido a las instituciones europeas que discutan por vía de urgencia la medida de Argentina en Estrasburgo.
Aunque a la vista de lo ocurrido, el ministro de Exteriores señaló que “nada es descartable”, el Gobierno español se mostró confiado en que la nacionalización de YPF no dispare una andanada de medidas en contra de otras empresas españolas con intereses en un país que, según García Margallo ha quebrado con esta medida “el clima de confianza necesario para atraer inversiones”.
“Hay otras empresas españolas efectivamente en el sector financiero, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector también energético que tienen intereses e inversiones”, reconoció Soria. “Nosotros esperamos que este clarísimo gesto de hostilidad no sea el principio de una escalada que solo contribuiría a agravar más una situación”.

En su primera declaración oficial, Repsol calificó de “ilícita” una decisión que va a combatir legalmente y que incluyó la expulsión de sus trabajadores en YPF.
La petrolera española que cifró en 4.122 millones de euros el valor de su participación, del 57,43 por ciento en YPF a finales de 2011, dijo que la nacionalización implicará una reducción de la deuda neta del grupo de 1.600 millones de euros.
En las cuentas de 2011, YPF representó un 25,6 por ciento del resultado operativo del grupo Repsol y un 21 por ciento del resultado después de impuestos.

Argentina expropiará la petrolera YPF

Argentina intervino la petrolera YPF y buscará expropiar un 51 por ciento de la empresa controlada por la española Repsol, en una decisión que agudiza la presencia estatal en la economía y pone al país al borde de un conflicto mayor con la Unión Europea.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció entre aplausos que enviará al Congreso un proyecto para expropiar la mayoría de YPF, la mayor empresa del país, que desde hace meses es culpada por el Gobierno de la caída en la producción de crudo y gas que está erosionando el superávit comercial del país.
Fernández, que aseguró que el proyecto busca darle al país libertad para decidir su política energética y citó el ejemplo de muchos países con petroleras estatales, detalló que las acciones que se buscan expropiar son exclusivamente las que tiene Repsol-YPF y no la de otros socios privados.
Ese detalle fue lo que más molestó al Gobierno de España, que consideró la decisión de Fernández como “un gesto hostil”, “extravagante” y “arbitrario”.
Repsol-YPF, por parte, dijo que considera la decisión tomada por Fernández como “ilícita” y que estudia los pasos legales.
Repsol-YPF tiene un 57,4 por ciento de YPF, mientras que el Grupo Petersen, el mayor accionista local y perteneciente a la familia local Eskenazi, posee un 25,46 por ciento.
La mandataria dijo que de su plan surgirá “una empresa nacional y profundamente federal (…) YPF es de todos, quiero que lo tengamos muy claro”.
El ex secretario de Energía argentino Alieto Guadagni dijo que es muy probable que el conflicto termine con una nueva demanda contra Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal del Banco Mundial.

La Unión Europea no tardó en reaccionar al anuncio del Gobierno argentino.
“Una toma de control forzada por parte del Gobierno argentino será una señal muy negativa para los inversores, nacionales e internacionales, y podría dañar seriamente el ambiente de negocios en Argentina”, dijo el portavoz de Comercio de la Unión Europea, John Clancy.
En Nueva York los títulos de YPF se desplomaron un 10,9 por ciento a 19,54 dólares hasta que su cotización fue suspendida. En Buenos Aires caían un 2,43 por ciento antes de ser suspendidas.
“La suma de todos los males por una estatización se consumaron y esto cambia rotundamente la tendencia de la acción”, dijo Marcelo Paccione analista de ConsultCapital Sociedad de Bolsa.
La capitalización total actual de YPF es de 46.765 millones de pesos, o de unos 10.640 millones de dólares al tipo de cambio oficial, según datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La firma perdió más de 4.000 millones de dólares de valor de mercado en lo que va del año.
Goldman Sachs dijo en un informe que no está claro cómo el Gobierno valuará el 51 por ciento de YPF y si el resto de sus accionistas estarían dispuestos a continuar como minoritarios.
Los bonos de la deuda soberana de Argentina aceleraron levemente su caída tras el anuncio.
Ambas cámaras del Congreso están controladas por el oficialismo, por lo que se descuenta que la norma sea aprobada. Según el proyecto, de la porción a ser expropiada, un 51 por ciento quedará en manos del Estado y un 49 por ciento será de provincias productoras de hidrocarburos de Argentina.

La intervención
YPF, fundada en 1922, fue parcialmente privatizada en 1992 tras años de reportar pérdidas debido a que usualmente tenía que financiar al Tesoro.
Durante parte de su historia como empresa estatal, YPF fue conducida con fuerte interferencia política.
Las necesidades energéticas de Argentina han sido una bomba de tiempo desde hace años, pero para el Gobierno se volvieron prioritarias recientemente debido a que el creciente costo de importación de combustible está erosionando el preciado superávit comercial de Argentina.
Argentina, aún sin acceso pleno a los mercados internacionales de crédito tras una suspensión de pagos en 2001, tiene en su superávit comercial una de las pocas fuentes de divisas.
La producción de crudo cayó un 5,9 por ciento y la de gas natural un 3,4 por ciento el año pasado, cuando la demanda energética creció un 5,1 por ciento, según datos del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG).
La importación de alternativas más caras, como gas natural licuado (GNL) y diésel, creció más del doble en el 2011 a unos 9.300 millones de dólares.
Daniel Volberg, economista de Morgan Stanley, advirtió en una nota a clientes que “el conflicto del petróleo es simplemente un aspecto” de lo que llamó la posible “radicalización de la política” del Gobierno argentino, que ha nacionalizado empresas como Aerolíneas Argentinas, los fondos privados de pensiones y la mayor distribuidora de aguas local.
Según la consultora Capital Economics, con sede en Londres, la decisión argentina pone en evidencia la estrechez de su “modelo” económico, que ha obligado al país a imponer restricciones en el mercado cambiario y a las importaciones para cuidar el superávit comercial.
Argentina debe realizar millonarias importaciones de hidrocarburos debido al declive de su producción, lo que estaba erosionando su superávit de comercio.
“Vemos esto (el proyecto de expropiación) como una negativa perspectiva (ya pobre) para la inversión de largo plazo y creemos que podría extenderse a una retirada parcial de inversores extranjeros de otros sectores”, dijo Capital Economics.
No creen que sea na solución
La expropiación no resolverá las necesidades argentinas de un incremento de la producción de hidrocarburos, al menos en forma inmediata, según analistas.
“Me parece que en el corto plazo esto no soluciona nada porque no es que a partir de mañana YPF va a producir más. En el corto plazo no vamos a ver demasiadas diferencias en la producción de crudo y de gas”, dijo a Reuters el analista de la industria Eduardo Fernández.
“Este año tienen que poner 14.000 millones de dólares para pagar el gas y el petróleo (importado). Además de eso van a tener que poner plata para hacer exploración y desarrollo. No sé si el Gobierno está en condiciones”, agregó.