Consorcio Perú LNG obtendra ganancias millonarías, mientras que el fisco una ínfima parte.

El Consorcio Camisea vende el gas del lote 88 en el mercado local a US$ 3.21 por cada MPC, mientras que a Perú LNG se lo “vende” a US$ 0.53 por MPC.

El Perú recibirá apenas US$ 1,135 millones por la “venta” de los 4.2 TCF del Gas de Camisea a México a menos de 1 dólar, pero si este fuera vendido a precio internacional se podría recaudar entre US$ 15 y 23 mil millones.

A puertas de iniciarse la dolosa exportación del Gas de Camisea por parte del Consorcio Perú LNG, las protestas en contra de la venta del Gas Natural se han incrementado en todo el país, apenas la pasada semana diferentes regiones del sur del país realizaron un paro regional demandando que el gas se quede en el país. Además, diferentes especialistas -desde meses atrás- vienen advirtiendo del mal negocio que representa el proyecto exportador para el país.

Dejando de lado las irregularidades y lobbies que hicieron funcionarios del ex gobierno de Toledo y ahora el régimen de García para modificar la legislación y, así facilitar la exportación del Gas de Camisea, nuevamente las estadísticas evidencian el mal negocio que representa para el Perú vender el gas a precios irrisorios o arreglados para evadir millonarios impuestos sin ninguna justificación, y que han venido pasando inadvertidas en medio del debate sobre las reales reservas de gas.

Cuando se inicie oficialmente la exportación del gas proveniente del lote 56 del yacimiento de Camisea, el estado peruano recaudará por regalías 16 centavos de dólar por cada millón de BTU (o mil pies cúbicos de gas MPC) en boca de pozo, esta recaudación se debe a que Perú LNG -asociación que le compra el gas al Consorcio Camisea- venderá el gas a 0.53 centavos de dólar.

Además de las regalías Perú LNG debe pagar el Impuesto a la Renta (IR), o sea el 30% de las utilidades que obtiene la empresa descontado las regalías (de los US$ 0.53 por MPC se le descuenta el US$ 0.16 por pagó de regalías, al monto que salga de la resta se descuenta el 30% por IR. En palabras simples, por cada US$ 0.53 por MPC de gas que exporte Perú LNG debe pagar al Estado US$ 0.27 por MPC (US$ 0.16 por regalías y US$ 0.11 por IR).

El proyecto exportador tiene comprometido exportar hacia México 4.2 TCF (trillones de pies cúbicos por sus siglas en inglés) en los 18 años que dure el contrato. Si Perú LNG paga al Estado US$ 0.27 por cada MPC de gas, entonces por los 4.2 TCF el Perú recaudará US$1,135 millones, estima el ex ministro de energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Y Añade, que el fisco y las regiones perderán miles de millones de dólares al vender el gas a tan extraño precio, varias veces por debajo que el precio internacional.

Lo que se deja de recaudar
A inicios del presente mes el gobierno de Bolivia ha vendido gas a Brasil y Argentina cobrando US$ 6.70 y US$ 7.37 por cada MPC de gas, respectivamente. A diferencia del Perú esta venta fue directa, sin intermediarios, pues como es conocido Perú LNG revende el gas nacional a México.

Si el Perú insiste tanto en vender el gas al exterior, que no debería hacerlo sin asegurar que la demanda interna esté cubierta, al menos que lo haga al precio internacional, dice Descalzi.

Veamos cuánto deja de recaudar el Perú al no vender el gas al precio internacional. Si los 4.2 TCF comprometidos para la exportación a México fueran vendidos a Brasil a US$ 6.70 por MPC de gas (precio al que le compra el gas a Bolivia ahora), esto significaría que el Estado recibiría en total US$ 15 mil 758 millones en regalías e impuestos en lugar de los US$1,135 millones que recibirá por la “venta” del gas a México. Es decir, el Perú pierde US$ 14,623 millones, dinero que serviría para construir colegios, hospitales o subir el salario mínimo congelado desde hace años, o invertir en desarrollo, indica el ex ministro.

Al vender el gas a US$ 6.70 por MPC de gas el Estado recauda US$ 3.78 por cada MPC (US$ 2.54 por concepto de regalías y US$ 1.24 por Impuesto a la Renta). Según la Ley de Regalías si el precio de venta del gas está por encima de los cinco dólares por cada MPO las regalías que deben pagar la empresa al Estado será de 38% del precio en que se oferta, y si el precio se encuentra por debajo de cinco dólares por cada MPC de gas las regalías a pagar será 30%. Entonces a mayores precios aumenta los ingresos para el fisco peruano.

Sigamos viendo cuánto deja de recaudar el Estado por vender el gas a precios irrisorios. Si los 4.2 TCF de gas se exportará fueran vendidos a Argentina a US$ 7.37 por cada MPC (precio al que le compra el gas a Bolivia ahora), con este costo el mermado fisco nacional recibiría US$17, 334 millones y no los US$1,135 millones que Perú LNG le pagará al Estado. Con este precio el Perú deja de recibir US$ 16, 199 millones.

Al vender el gas a US$ 7.37 por MPC de gas el Estado recauda US$ 4.17 por cada MPC (US$ 2.80 por concepto de regalías y US$ 1.37 por Impuesto a la Renta).

Ahora, si los 4.2 TCF le vendiéramos a Chile -lo que muy probable que suceda por parte de la empresa que forma parte del Consorcio Camisea, Repsol-, al precio que el vecino país le paga a Trinidad: US$ 10 por cada MPC, el Perú recibiría US$ 23, 052 millones y no los US$1,135 millones que dejará el lamentable proyecto exportador. Acá el fisco deja de recibir US$ 21, 917 millones.

Al vender el gas de Camisea a US$ 10 por MPC de gas el Estado recauda US$ 5.66 por cada MPC (US$ 3.80 por concepto de regalías y US$ 1.86 por Impuesto a la Renta).

Wilder Mayo Méndez

Perú: Atentado ecólogico

EN DEFENSA DEL RIO INAMBARI
Por:Alfonsina Barrionuevo
Una catástrofe para el Perú y la provincia de Carabaya, Puno, será dejar que se conviertan 1700 kilómetros cuadrados en una represa de 26,500 metros cúbicos de agua que beneficiará a Brasil en términos que no conocen los peruanos. El Perú ya no tendrá la Carretera Transoceánica soñada durante varios años y sesenta pueblos serán sepultados entre las aguas que se acumulen en esa área. infinita ¿Otro reto a la naturaleza? Algo así como un terremoto de gran magnitud en la selva pprovocado. Sufrirán la conmoción habitantes del lugar, gigantes vegetales y una relación de animales diversos, algunos que aún no son conocidos por la ciencia, que han hecho de la selva virgen un santuario a la vida.

La represa enterrará vivas a miles de familias que no quieren irse porque son sus tierras. Ellas estaban seguras en los pueblos de Loromayo, Chaspa Bajo, Chaspa Loromayo, Lechemayo chico, Lechemayo grande , Salimayo, Carmen, Cuesta Blanca, Yahuarmayo, Challhuamayo y Puerto Manoa junto a sus viviendas, cultivos y animales. Domésticos. Pero, el gobierno ha decidido desde Lima que sean reubicados en cualquier parte. Por supuesto que ningún funcionario conoce ni por foto los puentes de Otorongo, Lechemayo grande y Lechemayo chico, Challhuamayo, Yawarmayo, San Juan y otros más pequeños que serán borrados del mapa después de haber costado tantos sacrificios y luchas.

Al mismo tiempo el área de embalse sepultará millones de árboles frondosos y se acabará concientemente con una cantidad innumerable de especies animales y vegetales que constituyen la famosa biodiversidad de nuestra amazonía, dando lugar a una contaminación extensa y a la destrucción paulatina del Parque Bawaja Sonene que es zona reservada, más todos los destrozos del ecosistema por unos 50 años en un momento en que los cambios climáticos azotan a las naciones de la Tierra, escribe la arquitecta Sonia Molina Cabala, Presidente de la Socit encargada de su defensa.

Según dice ella y las instituciones firmantes de la Socit la Hidroeléctrica se proyecta como la quinta más grande de América Latina “en tiempos de calentamiento global, de pérdida de glaciares, de depredación de los bosques y la crisis de agua que se aproxima, afectando en el Perú a las provincias de Madre de Dios y también a Cusco.”

Hace cuatro siglos la sed de oro empujó a Francisco Orellana a surcar de manera casual, prácticamente de un océano a otro un coloso, el río Amazonas. Orellana no sabía como conocen hoy muchos ingenieros peruanos de minas que nuestro río Inambari, así como otros. arrastra el oro que se desprende de los Andes y que en un futuro será explotado además de la fuerza hídrica por los concesionarios brasileros.

Se agrega a eso que, según los términos, los peruanos tendremos que proporcionar materiales para su construcción y encima pagar la obra que favorecerá una energía que no necesitamos exportar, pues, tenemos muchos productos gracias a nuestra biodiversidad.

Hace falta un mayor contacto entre las provincias interiores para cuidar el patrimonio que pertenece a todos y que es dispuesto por leyes que surgen de la noche a la mañana en contra a la voluntad general. Publicaciones que se hacen continuamente en Puno protestan y llaman a un referendum contra convenios que no nos favorecen. ¿Adónde irán los pobladores de los pueblos mencionados arrancados sin reconocer sus derechos? ¿Qué pasará con la contaminación de un área mayor cuando se produzca la putrefacción de los árboles y los animales que los ocupan como si fueran rascacielos? Los cusqueños tienen una serie de problemas con el gas de Camisea y siguen esperando que llegue a la ciudad para gozar de calefacción…como les ofrecieron.

Es lamentable que se pierda cuanto se trabajó en la idealizada Carretera Transoceánica. El corredor, con una longitud de 2,586 kilómetros entre los Estados de Acre y Rondonia (bRasil) y los Puertos de Ilo, Matarani y San Juan de Marcona (Perú) que debía haber culminado en noviembre del año pasado.

No se debe permitir que se quede en nada. El Perú profundo no puede seguir siendo lotizado como si no tuviera habitantes. Es el clamor de Puno, Madre de Dios y Cusco.

Camisea Perú: Porque tan solo gas licuado? Planta la Melchorita

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La Planta de licuefacción de gas natural de Perú se está construyendo en un terreno costero y eriazo de 521 hectáreas a 170 kilómetros al sur de Lima.
La obra contempla la construcción de un tren de procesamiento que producirá el gas natural licuado (GNL), un terminal marítimo con un muelle de carga, un rompeolas y un canal de navegación que permitirá el ingreso, acoderamiento seguro y salida de los buques metaneros.
La nueva planta de La Melchorita es, sin duda, la obra petrolera más importante de Perú, considerando la grande inversión que alcanza los US$3.800 millones (incluso el costo de financiamiento) y cuyo impacto económico en términos de impuestos y regalías anual aportará el 0,5% del PIB de Perú.
El gobierno peruano recibirá aproximadamente US$325 millones anuales de los impuestos y regalías que pagará Perú GNL, lo cual hace un total de US$5.800 millones en el transcurso de los próximos 20 años, además de que a partir del 2010 generará un promedio de US$1.350 millones por año en términos de ingresos de divisas.
Perú GNL es una empresa conformada por Hunt Oil Company de Estados Unidos (50%), SK Energy de Corea del Sur (20%), Repsol YPF de España (20%) y Marubeni de Japón (10%) y ha contratado el consorcio CDB Melchorita para la construcción de estas instalaciones, que a su vez está conformado por tres empresas internacionales: Saipem (Francia), Odebrecht (Perú) y Jan de Nul (Bélgica).
El complejo industrial consiste en la construcción de las siguientes obras: una plataforma de gas de carga, un gasoducto, infraestructuras de emergencias, pasillos de desembarques, 1.380 metros de longitud del puerto y un rompeolas de 820 metros de longitud ubicado a 1,5 km de la costa del Pacífico.
Desde el año 2006 el consorcio empezó un cuidadoso procedimiento de negociaciones donde surgirá el ducto, de acuerdo con la ley de evaluación para la protección del impacto ambiental y social, actualmente vigente en el país, para la adquisición de los derechos de ocupación ubicados en territorios de comunidades autóctonas y parte de propiedad del Estado.
Instalaciones marítimas
El canal de navegación permitirá el acceso de los buques cisterna de GNL a la zona de atraque. El canal tendrá una profundidad de 16 metros como mínimo, 250 metros de ancho y 3,5 kilómetros de largo. En los lugares donde los barcos metaneros hagan giros fuera de la protección del rompeolas, el canal tendrá una profundidad de 18 metros
Para permitir la carga del gas licuado a los buques, las instalaciones marítimas incluyen un puente de caballetes de 1,3 km de extensión con un muelle de carga de GNL y un canal de navegación dragado para el ingreso y la salida de los buques.foto%201%20melchorita_125

El atracadero de buques tanque de GNL está compuesto por una plataforma de carga de 30 m x 30 m, las boyas de amarre y de atraque. El embarque de GNL utiliza cuatro brazos de carga de 16 pulgadas de la tubería y una placa giratoria, además de tres brazos para la carga de GNL y uno para el retorno del vapor.
El gasoducto
La primera etapa de construcción ha empezado en 2005 con los trabajos de movimiento de tierra, hasta final de 2006, cuando Perú GNL firmó los contratos para la construcción del Terminal Marítimo, de la planta y la ingeniería del gasoducto.
Según el cronograma elaborado por la misma Perú GNL el inicio de las operaciones comerciales está previsto para el primer semestre de 2010. El objetivo principal del ducto consiste en transportar el gas natural proveniente de los Lotes 56 y 88, ubicados en el reservorio de Camisea, en la costa sur del Perú. El plan de construcción consiste en avanzar de forma simultánea en dos frentes, el primero desde Ayacucho hacia el oeste, y el segundo desde la planta de Pampa Melchorita hacia el este, hasta que ambos se encuentren cerca del límite de las regiones de Ayacucho y Huancavelica.
El gasoducto de 34 pulgadas de diámetro atraviesa unos 100 kilómetros de desierto costero llano y 308 kilómetros de grandes montañas en la Cordillera de los Andes, alcanzando su mayor altitud a 4.901 metros sobre el nivel del mar y se conecta al gasoducto de Camisea existente, para extenderse desde la comunidad de Chiquintirca hasta llegar a la planta de GNL.
De un punto de vista geográfico, el oleoducto pasa veintidós distritos: nueve en Ayacucho (Paras, Socos, Vinchos, Tambillo, Acocro, Chiara, Acos Vinchos, San Miguel y Anco), cuatro en Huancavelica (Ayaví, Tambo, Huaytará y Pilpichaca), ocho en Ica (Huancano, Humay, Independencia, Alto Larán, Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado – en la provincia de Chincha) y uno en Lima.
La planta
En la planta de la Melchorita el gas natural será sometido a un proceso de purificación y enfriamiento a -163º C con una capacidad de 4.45 millones de toneladas por año de un suministro diario de 625 millones de pies cúbicos y usará un proceso de refrigeración que pre enfría el gas natural en un circuito de refrigeración con propano y, posteriormente, en un circuito de una mezcla de refrigerantes.
El GNL será almacenado en dos grandes tanques a presión atmosférica antes de ser embarcado. Cada uno de los dos tanques de almacenamiento de GNL de contención simple tiene una capacidad de 130.000 m3
Los tanques tendrán un área de contención secundaria común, de acuerdo con lo requerido por el estándar NFPA 59A (National Fire Protection Association), actualmente vigente en el país. El propano y el etileno utilizados para la preparación de los refrigerantes serán almacenados por separado en tanques de almacenamiento horizontales tipo bala. Habrá dos tanques bala presurizados para el almacenamiento de propano, con una capacidad de almacenamiento de 602 m³ cada uno, y dos tanques bala presurizados para el almacenamiento de etileno, aislados con camisa exterior de vacío, con una capacidad de almacenamiento de 200 m³ cada uno.
Adicionalmente, este proyecto involucra la explotación de una cantera, ubicada aproximadamente a 25 kilómetros al este de la planta. Esta cantera proveerá la cantidad de roca necesaria para la construcción de un rompeolas, el cual permitirá que las operaciones en el mar sean más seguras. El material será transportado en camiones a lo largo de un camino de acceso para lo cual se ha construido un paso a desnivel que atraviesa la carretera Panamericana SurLos especiales rompeolas les permitirán a las embarcaciones atracar de manera segura y posibilitar que las instalaciones marítimas sean accesibles durante todo el año para el despacho continuo de GNL. El diseño considera la ubicación del rompeolas en una profundidad de agua de aproximadamente 14 metros, tendrá 800 metros de largo y estará alineado en paralelo a la línea costera. Asimismo, el diseño ha considerado una elevación tope de 8,5 metros sobre el nivel bajo del rompiente de la ola y el modelo de diseño ha considerando la ocurrencia de una gran ola cada 100 años que rebose sin llegar a causar daños.
Los tanques tendrán un área de contención secundaria común, de acuerdo con lo requerido por el estándar NFPA 59A (National Fire Protection Association), actualmente vigente en el país. El propano y el etileno utilizados para la preparación de los refrigerantes serán almacenados por separado en tanques de almacenamiento horizontales tipo bala. Habrá dos tanques bala presurizados para el almacenamiento de propano, con una capacidad de almacenamiento de 602 m³ cada uno, y dos tanques bala presurizados para el almacenamiento de etileno, aislados con camisa exterior de vacío, con una capacidad de almacenamiento de 200 m³ cada uno.
Adicionalmente, este proyecto involucra la explotación de una cantera, ubicada aproximadamente a 25 kilómetros al este de la planta. Esta cantera proveerá la cantidad de roca necesaria para la construcción de un rompeolas, el cual permitirá que las operaciones en el mar sean más seguras. El material será transportado en camiones a lo largo de un camino de acceso para lo cual se ha construido un paso a desnivel que atraviesa la carretera Panamericana Sur.
Los especiales rompeolas les permitirán a las embarcaciones atracar de manera segura y posibilitar que las instalaciones marítimas sean accesibles durante todo el año para el despacho continuo de GNL. El diseño considera la ubicación del rompeolas en una profundidad de agua de aproximadamente 14 metros, tendrá 800 metros de largo y estará alineado en paralelo a la línea costera. Asimismo, el diseño ha considerado una elevación tope de 8,5 metros sobre el nivel bajo del rompiente de la ola y el modelo de diseño ha considerando la ocurrencia de una gran ola cada 100 años que rebose sin llegar a causar daños.
El impacto ambiental
La planta será autosuficiente en cuanto a servicios de agua y electricidad gracias a los turbogeneradores accionados con gas natural. Se instalará una planta de tratamiento de agua, la cual podrá procesar agua de mar o de pozos ubicados en la misma planta. Todos los desechos líquidos o sólidos generados serán tratados adecuadamente antes su disposición final.
Adicionalmente, el nuevo complejo industrial contará con sistemas contra incendios y sistemas de antorchas y venteo para brindar la protección necesaria en caso que se produzca algún problema o emergencia durante las operaciones.
Ficha técnica
Tren de procesamiento
98.000 m3 de concreto
11.000 toneladas de acero estructural
120 kilómetros de tuberías
1.100 kilómetros de cableado
Tanques de almacenamiento
Cada uno tiene una capacidad de almacenamiento de 130.000 m3
Sus dimensiones son de 78 metros de diámetro y 52 metros de altura
La base pesa 6.000 toneladas
Se emplearon 17.000 m3 de concreto.
Instalaciones marítimas
La extensión del puente de caballetes es de 1.300 metros
Está compuesto por 493 pilotes
Se utilizaron 7.225 toneladas de acero
Rompeolas de 800 metros de largo
Gasoducto
El gasoducto se inicia en Chiquintirca, en el departamento de Ayacucho, pasando por los departamentos de Huancavelica, Ica y Lima hasta la llegar a la planta de licuefacción, ubicada a la altura del kilómetro 170 de la Panamericana Sur.
Longitud: 408 km. Diámetro: 34”
Es una línea exclusiva para gas, que no se utilizará para transportar líquidos
El gasoducto cruza el punto más alto de su recorrido a más de 4900 metros sobre el nivel del mar.
Aproximadamente 200 km del gasoducto está por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar. (M. N.)

Dossier: IDL Reporteros


La impotente regulación

Por Milagros Salazar

El catastrófico derrame de petróleo ocasionado por British Petroleum revela que incluso en una nación poderosa como Estados Unidos, la debilidad regulatoria con las industrias extractivas puede tener consecuencias calamitosas para el medio ambiente. En el Perú, las principales empresas mineras, que obtuvieron en los últimos cinco años ganancias que bordean los US$ 20 mil millones, realizan actividades potencialmente peligrosas en zonas pobres, que requieren de una fiscalización competente y eficaz.

Pero el nivel de respeto de estas compañías al territorio de donde extraen el mineral y también al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es casi nulo. Sólo el 22% de las multas por contaminación ambiental o imprudencias que provocaron la muerte de trabajadores son pagadas a pesar de tratarse de sumas irrisorias. Aquí les presentamos los casos de varias infracciones graves y a las empresas que las cometieron.

A más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, dos hombres descienden por una chimenea enorme y lúgubre por donde no discurre humo sino mineral. Es un Ore Pass, un túnel vertical de casi dos metros de diámetro que atraviesa un cerro por donde se lanzan las rocas metálicas para que desde el fondo sean acarreadas a la planta concentradora de minerales. Alejandro Efraín Robles Campos de 23 años y Jorge Eduardo Santiago Castillo de 48, bajan por ese boquerón para realizar un trabajo de alto riesgo: reparar e instalar las nuevas estructuras del recipiente donde cae el mineral en el último tramo del túnel. El escenario de esta operación de suspenso es una región gélida y gris: Pasco, en una de las minas subterráneas de Volcan.

Miércoles 3 de octubre de 2007. El inspector de seguridad Pedro Marcelo Hermitaño paraliza las labores porque no hay permiso de trabajo de alto riesgo. El superintendente de mina, José Córdova Hurtado, le exige al jefe de la cuadrilla de obreros que no detenga el trabajo “porque es de emergencia” y promete ocuparse de las autorizaciones después. Ante la orden, Alejandro y Jorge siguen bajando por el Ore Pass.

Unos peones inexpertos y presurosos colocan un solo escudo (guarda-cabeza) para proteger a sus compañeros. Pero dentro del túnel, las rocas se desprenden, caen y matan a Alejandro y Jorge.

“La presión existente sobre los trabajadores para una rápida instalación del “guarda cabeza” constituyó una de las causas del accidente según la resolución N°001483 de la gerencia general del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) emitida en diciembre de 2008. Además, la empresa no evaluó los riesgos y permitió que se colocara un solo protector cuando según el propio procedimiento interno de Volcan debió colocarse dos. La minera tampoco contaba con un manual “de uso fácil y flexible que contenga los estándares, procedimientos y prácticas de la tarea (peligrosa) encomendada” a Alejandro y Jorge.

Para abundar en irregularidades: los trabajadores pertenecían a una contratista, SECOMIC, que no estaba inscrita en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y por lo tanto, escapaba de las exigencias de normas de seguridad que impone el sector.

Julio de 2007. En la misma región Pasco, un efluente de las operaciones de la minera Atacocha desemboca en el río Huallaga. Los hidrógrafos señalan que este río nace en esta región pero una prueba de laboratorio revela que también “muere” por tramos en esta zona. Aquel efluente minero metalúrgico que termina en el Huallaga concentra 4, 3 miligramos por litro (mg/l) de zinc en uno de los puntos de monitoreo, una cantidad que supera el límite máximo permisible (LMP) de 3,0 mg/l. La gerencia general de Osinergmin sentencia en su resolución N° 00898 que tal presencia de zinc es riesgosa “para la salud, el bienestar humano y los ecosistemas” y por lo tanto constituye una infracción grave.

En enero de 2008, los supervisores vuelven a las instalaciones de Atacocha y detectan diez infracciones que van desde el depósito de relaves en sitios que no cuentan con autorización hasta descargas de efluentes al Huallaga sin tratamiento ni permiso de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Cuatro de esas faltas fueron reiteradas según la resolución N° 002627 de la gerencia general del 11 de mayo de 2009. Es decir, la minera ignoró las recomendaciones de la entidad fiscalizadora para detener el daño ambiental.

A pesar de la gravedad comprobada de los hechos, estos casos fueron impugnados por las empresas ante Osinergmin para evitar el pago de las multas impuestas. Aunque las faltas ocurrieron en 2007 y 2008 hasta hoy siguen sin ser sancionadas. ¿Se trata de casos aislados?

De las 290 multas impuestas por Osinergmin entre 2007 y el 30 de abril de 2010, sólo 111 fueron canceladas. Mientras las impugnaciones sólo en la vía administrativa pueden prolongarse hasta por cuatro años, el Estado deja de recibir US$13 millones 130 mil.

Aunque el monto resulta muy pequeño en comparación a los daños ocasionados y a las ganancias, que bordean los US$20 mil millones[1], que obtuvieron las principales mineras entre 2005 y 2009, los casos revelan el comportamiento de algunas compañías para evadir la ley y la impotencia del Estado para que las sanciones económicas sean acatadas. La cifra de las multas no pagadas, pese a ser ridícula, representa nada menos que el 77.38% del monto total.

Además, hay otros 50 casos paralizados en el Poder Judicial. La mayoría se inició antes de 2007 cuando el Minem estaba a cargo de la fiscalización. Existen procesos que incluso tienen nueve años en la congeladora. Esto es lo que heredará en los próximos días el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), nueva entidad del Ministerio del Ambiente, que asumirá la fiscalización ambiental del Estado.

Las infractoras

La empresa con mayor número de sanciones entre 2007 y 2009 es la peruana Volcan. La gerencia general de Osinergmin emitió 18 resoluciones por infracciones calificadas en casi todos los casos de “muy graves” por daño ambiental y la muerte de los trabajadores Alejandro Robles y Jorge Santiago.

El monto de las multas de Volcan asciende a 1,184 Unidades Impositivas Tributaria (UIT): US$ 1 millón 495 mil si se considera que cada UIT está valorizada en S/.3,600 o US$ 1,263 dólares.

De ese monto, la empresa no ha pagado la mayor parte (920 UIT) al haber apelado diez resoluciones de la gerencia que hoy se encuentran en manos del consejo directivo de Osinergmin, la segunda y última instancia en la vía administrativa.

Las infracciones corresponden a actividades ilegales para ampliar las operaciones de la minera y la contaminación del río San Juan y el bofedal del valle Rumiallana (Pasco), rodeado por pobladores que aún viven de la ganadería, según habitantes de la zona entrevistados por IDL-Reporteros.

En abril de este año, Volcan fue sancionada con 100 UIT por infracciones a las normas ambientales que también impugnó. En mayo, ha vuelto a ser notificada por otras faltas en el mismo rubro.

Atacocha es la segunda en el ranking infractor. Esta minera, que desde noviembre de 2008 forma parte del grupo Milpo y opera en Pasco, enfrenta 12 procesos sancionadores de la gerencia. La compañía impugnó el pago de 500 UIT, de las 764 que se le exige asumir.

Atacocha descargaba efluentes sin tratamiento ni permiso a una quebrada que desemboca en el Huallaga.
Varias de las infracciones son por contaminación del río Huallaga. En el caso de la resolución N° 002627 de Osinergmin del 11 de mayo de 2009, la empresa aseguró que los efluentes de la mina eran echados al río para soldar el cajón metálico que las retenía temporalmente. Falso.

La entidad supervisora detectó que la descarga continuaba días después de la supuesta soldadura, como demuestran las fotografías a las que tuvo acceso IDL-Reporteros. “Solucionar un problema operativo no justifica de modo alguno la descarga no autorizada de desechos al ambiente”, concluyó Osinergmin.

Semanas después, en febrero, la fiscalizadora volvió a detectar efluentes contaminantes que discurrían a la quebrada Atacocha y al suelo natural así como fluidos excedentes del depósito de relaves Cajamarquilla que terminaron nuevamente en el río Huallaga.

Vía mail o nada

Buenaventura, una de las accionistas de la gran aurífera Yanacocha y que tiene unidades mineras en diversas regiones del país, ha rechazado las cinco multas que le ha impuesto la gerencia general de la reguladora entre 2007 y 2009 y que ascienden a 380 UIT. Una es por la descarga de efluentes de desmontes al río Chilcaymarca (Arequipa) sin tratamiento ni permiso y las otras por la muerte de cuatro trabajadores. (Ver más aquí)

A fines de marzo de 2010, Buenaventura fue multada otras dos veces con 102 UIT por daño ambiental. La empresa también las impugnó. En mayo, recibió otra multa por 90 UIT.

Buenaventura declaró a IDL-Reporteros que sólo hace “estricto uso de su legítimo derecho de impugnar actos administrativos del Organismo Supervisor” y que acatará lo que resuelva la autoridad judicial. Los representantes de la empresa respondieron vía correo y evitaron una entrevista cara a cara. Atacocha apeló al mismo recurso y agregó que desde que el grupo Milpo compró la empresa está “adoptando las acciones necesarias” para cumplir las normas.

Volcan, la que encabeza la lista, prefirió el silencio.
Doe Run es la minera con la multa más elevada por contaminar de manera sistemática el aire y los ríos de La Oroya: 600 UIT en razón a 86 incumplimientos de las normas y compromisos asumidos en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). La empresa presentó un recurso de consideración ante el consejo directivo de Osinergmin en mayo de 2009, pero esta instancia declaró nulo su pedido en marzo de este año y ordenó la cobranza coactiva.

En contraste, hay empresas que apenas tienen en su récord una o dos sanciones por montos menores a las 50 UIT y que suelen pagar sus multas, como es el caso de Antamina y Cerro Verde. Pero son pocas.

Aunque en el Poder Judicial aún no se ha resuelto ningún caso de las mineras sancionadas por Osinergmin, el 92.27% de los procesos a empresas de hidrocarburos y electricidad han concluido con sentencias favorables a esta institución.

Entre las compañías que han congelado de manera recurrente los cobros de multas en las instancias judiciales figuran Buenaventura, San Nicolás y Los Quenuales. La política que se impone es la del “no pago”.

¿Dónde están las debilidades para una mayor regulación y una sanción efectiva?, ¿son las multas proporcionales al daño causado? Algunas respuestas en la siguiente parte de este reportaje.

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[1] El monto representa las ganancias de cinco empresas: Cerro Verde, Barrick, Southern, Yanacocha y Antamina, según los estados financieros de estas compañías.

UN BUFFET DE BUFETES

El Estudio García Sayán tiene entre sus clientes a Volcan y Buenaventura, empresas que prefieren impugnar antes que pagar sus multas. Volcan además cuenta con el asesoramiento del Estudio Osterling, lo cual no sorprende porque Felipe Osterling Parodi es el vicepresidente de esta minera desde abril, cuando murió el presidente del directorio, Roberto Letts.

Otra empresa que hace lo posible por no pagar sus multas es Atacocha, que en 2008 fue adquirida por el grupo Milpo. El Estudio Grau registra en su página web a Milpo y Buenaventura como sus clientes más destacados en el sector minero y ofrece sus servicios para asesorar “en procedimientos de supervisión y fiscalización”.

El estudio Echecopar también ha brindado servicios a Atacocha.

Los honorarios de esos bufetes, ¿son quizá mayores que las exiguas multas?

LAS GANANCIAS MILLONARIAS

A las tres empresas que registran el mayor número de infracciones no les ha ido nada mal. Entre 2007 y 2009, precisamente en los años en que se les impuso la mayoría de multas, Buenaventura obtuvo US$1,021 millones de utilidades netas. Entre 2008 y 2009 sus ganancias casi se triplicaron de US$ 153 millones a US$ 594 millones, según el estado financiero de esta empresa que aparece en la página web de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).

Milpo, que compró Atacocha en 2008, también pudo disfrutar de un repunte de sus ganancias: de US$ 31 millones en 2008 a US$ 61 millones en 2009.En los últimos tres años Volcan tuvo su mejor momento en 2007 con US$ 397 millones, mientras que en los dos siguientes años experimentó una caída. Sin embargo, entre 2004 y 2006 llegó a obtener más de US$ 377 millones en utilidades netas.

La bonanza del sector minero ha desbordado incluso las proyecciones más entusiastas. Entre 2005 y 2009, las cinco mineras más grandes lograron ganancias que estuvieron cerca de los US$20 mil millones, de acuerdo con los estados financieros de las compañías.

Tales estimaciones no difieren de las cifras gubernamentales. De 2005 al primer semestre de 2008, las mineras extranjeras que representan a las más grandes del rubro, obtuvieron US$15 mil millones de utilidades, según el Banco Central de Reserva. Sólo entre 2005 y 2007 se observó un incremento de ganancias de 150%.

Mientras que en 2009, un año que se pensó iba ser malo por la crisis financiera, las ganancias de algunas empresas se mantuvieron e incluso siguieron creciendo, como es el caso de Yanacocha que de US$ 464 millones en 2008 pasó a ganar US$ 713 millones.

VOLCAN ENCABEZA SANCIONES POR CONTAMINACIÓN

Las evidencias de contaminación causadas por las operaciones de Volcan abundan. Los registros de Osinergmin entre 2007 y 2009 la colocan como la empresa con más infracciones de normas ambientales.

Los efluentes de la planta de neutralización de aguas de mina de la Unidad Carahuacra, de Volcan, donde se procesa el agua que será luego devuelta a los ríos, excedieron los límites permisibles de zinc y hierro según un análisis realizado por el laboratorio J. Ramón del Perú S.A.C en diciembre de 2007 a pedido del órgano supervisor.

“La infracción debe ser calificada como grave toda vez que los límites máximos permisibles (LMP) para las actividades mineras están fijados para salvaguardar la salud, el bienestar humano y medio ambiente, por lo que excederlos supone un menoscabo material calificado como daño ambiental”, concluyó Osinergmin en la resolución N° 001075 de octubre de 2008.

En otra visita realizada en mayo de 2008 a la unidad minera Cerro de Pasco de Volcan, los supervisores detectaron que el efluente del agua industrial Paragsha también excedía los LMP con 4.7 miligramos por litro (mg/l) de zinc y 208 mg/l de sólidos en suspensión que indican el grado de turbidez al agua por la presencia de residuos mineros.

La misma falta se repitió en otra planta de neutralización de las aguas. En setiembre de 2008, la supervisora detectó que Volcan inició actividades de construcción de vías de acceso para el nuevo depósito de desmontes Rumiallana sin contar con un estudio de impacto ambiental ni estudios previos para analizar las condiciones del suelo que le exigen las normas. Como resultado de estas “actividades ilícitas”, como las calificó Osinergmin, se generaron deslizamientos de “considerable magnitud” sobre el bofedal del valle Rumiallana que terminó bloqueado por los sedimentos.

La empresa argumentó que luego del deslizamiento se derivaron las aguas de la quebrada que alimentaba al bofedal para no saturarlo y que se construyeron pozas naturales para sedimentar los sólidos y reducir el impacto en las aguas. Osinergmin replicó en la resolución N°002967 del 12 de junio de 2009 que esas acciones no fueron medidas de prevención y que el daño estaba consumado. Los empresarios de Volcan cerraron los ojos y apelaron.

Volcan tiene fama de hacer ampliaciones y construcciones en sus instalaciones sin permiso como lo revela una resolución de febrero de 2009 en la que se le sanciona con 200 UIT por no detener la construcción de su planta de minerales oxidados que no contaba con autorización del Minem. La empresa impugnó la resolución pero luego se arrepintió.

La compañía sólo ha pagado cinco multas impuestas por el Minem por contaminar ríos y lagunas en 2006, luego de acudir hasta la última instancia en la vía administrativa. El consejo directivo de Osinergmin falló en su contra en todos estos casos con resoluciones emitidas entre 2007 y 2008. Pese a tratarse de faltas graves al medio ambiente, las multas apenas oscilaron entre 6 y 30 UIT.

El mismo modus operandi se repite para ocho sanciones en seguridad e higiene por hechos ocurridos en 2007 y que también fueron ratificadas por el consejo directivo. Cinco de ellas confirman que Volcan no tomó medidas de prevención, no supervisó ni capacitó a varios trabajadores que murieron realizando operaciones por órdenes de la empresa.

BUENAVENTURA Y SUS OPERACIONES DE ALTO RIESGO

En los últimos tres años, la empresa que más ha impugnado sanciones por muertes de trabajadores es Buenaventura. ¿Pruebas? Varias.

Ronie Edgar Canaza Coila murió el 8 de enero de 2007 cuando reparaba los buzones de una chimenea de 28 metros de altura. Cayó desde lo alto. La fiscalizadora determinó que Ronie no fue guiado a la hora de realizar este trabajo riesgoso: la persona encargada de supervisarlo abandonó el lugar ni bien se dio la orden para el inicio de la operación y tampoco contaba con el permiso del Departamento de Seguridad de la empresa para cumplir esta función.

No había un procedimiento escrito de trabajo seguro (PET) para la actividad y “al trabajador fallecido se le encargó un trabajo para el cual no estaba capacitado y no era su especialidad”, apuntó Osinergmin en su resolución N° 001029 de setiembre de 2008, en la que determina hasta tres infracciones de Buenaventura que causaron la muerte de Ronie.

Teófilo Ramos Ticllasuca murió el 7 de junio de 2008 cuando intentaba colocar con cincel y comba un explosivo que le permitiría desprender un planchón de rocas de manera controlada para extraer el mineral. Los errores se repitieron: el trabajo se realizó sin una supervisión permanente, sin que Teófilo sea capacitado para una operación como ésta y sin que se le informara de las fallas de las rocas que debía derrumbar y que ya habían sido detectadas días antes por el departamento de geomecánica de la empresa.

Buenaventura detectó la falla geológica el 3 de junio, cinco días antes de la muerte de Teófilo, pero según el supervisor de geomecánica esta advertencia recién iba a publicarse el 11 de junio, fecha en que el trabajador ya estaba enterrado. Pese a ello, el hecho fue calificado por Osinergmin como un accidente de trabajo.

Pero los incumplimientos de esta empresa a las normas de seguridad y su actitud de evadir las sanciones no son recientes. Cuando el Minem tenía a su cargo la fiscalización, también presentó varios recursos de consideración por muertes de trabajadores registradas en operaciones de alto riesgo durante 2006.

Al heredar estos expedientes Osinergmin, el Consejo Directivo ratificó en 2007 cuatro sanciones por considerar que la empresa incurrió en errores que trajeron como consecuencia la muerte de cinco trabajadores: Cosme Roly Espinoza Bonilla, Práxides Molina Cruz, Ernesto Manuelo Usca, Jeremías Nilo Falcón Eunofre y David Ángel Calderón Marcelo.

En estos casos el argumento principal de la empresa siempre ha sido responsabilizar a los muertos y de calificar de “subjetivas” las pruebas técnicas de la entidad fiscalizadora que halló la ausencia de procedimientos escritos de trabajo seguro (PET), estudios para determinar el peligro de las operaciones, supervisión y capacitación a los trabajadores para desarrollar este tipo de labores, pese a ser obligaciones legales.

De estos casos, Buenaventura sólo ha pagado una multa y ha acudido al Poder Judicial para evitar el cobro de las otras.

CÓMO EVADIR SANCIONES

El presidente de Osinergmin reconoce lentitud del consejo directivo para resolver sanciones impugnadas.
Los más de US$13 millones que no pagan las empresas mineras en multas por daños ambientales y operaciones inseguras, es casi igual al monto que Osinergmin gastó entre 2007 y 2009 para fiscalizarlas. La sanción económica que se les impone resulta impotente ante infracciones consumadas.

Con los descargos que algunas empresas mineras presentan al Osinergmin, podría escribirse un libro para dummies o principiantes sobre “Cómo hacer para no pagar una multa”.

La empresa Volcan, que opera en Cerro de Pasco y tiene el mayor número de sanciones por contaminación, ha tratado de invalidar las multas que le ha impuesto la gerencia general de Osinergmin, con pruebas de laboratorio hechas por encargo.

La minera impugnó la resolución N° 001075 de octubre de 2008 en la que se evidencia que uno de los efluentes de Volcan superaba los límites máximos permisibles (LMP) de zinc y hierro. Como parte de su defensa, presentó informes de ensayo con resultados por debajo de los LMP que mandó a hacer al laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C. en una fecha distinta a la supervisión y sin indicar el punto de monitoreo.

“Volcan no aporta medio probatorio que sustente técnicamente su pretensión de invalidar el resultado obtenido”, sentenció el órgano regulador. El caso sigue entrampado en la segunda instancia.

Buenaventura, que ha impugnado todas las resoluciones de la gerencia general, no se queda atrás en los alegatos de manual. Como reveló IDL-Reporteros en la parte central de este reportaje, en la resolución N°001029, la gerencia general del órgano regulador sancionó a esta minera con US$126 mil 325 (100 UIT) por encontrar hasta tres infracciones relacionadas con la muerte del trabajador Ronie Edgar Canaza Coila, el 8 de enero de 2007. Su deceso se produjo cuando reparaba los buzones de una chimenea de 28 metros de altura.

La compañía arguyó que el accidente se originó por “un acto propio, voluntario y negligente del accidentado” y que le entregó la indumentaria y equipos de seguridad necesarios como si la responsabilidad de la empresa sólo radicara en entregar casco y guantes.

De acuerdo a las normas, la empresa debió supervisar la operación de alto peligro y no lo hizo, no capacitó al trabajador para esta tarea y tampoco contaba con el respectivo procedimiento escrito de trabajo seguro (PET) que le hubiese permitido prevenir los riesgos.

Con argumentos como estos, varias empresas han logrado que más del 77% de las multas impuestas entre 2007 y abril de 2010 no puedan ser cobradas. El monto no pagado supera los US12.3 millones que la gerencia de fiscalización minera de Osinergmin ha tenido como presupuesto en los tres últimos años.

Asesores S.O.S.

¿Cómo se explica la actitud y los alegatos de las compañías? “Son los abogados de las empresas que en su afán de defensa buscan cualquier argumento. Las compañías se equivocan al recurrir a ellos”, respondió a IDL-Reporteros el gerente de fiscalización minera, Guillermo Shinno.

Las grandes mineras tienen sus propias áreas legales para argumentar sus descargos pero también recurren a importantes estudios de abogados según la complejidad de los casos.

“Las sancionadas pagan las multas bajas, de 10 UIT (US$12 mil 631) y tienden a impugnar las más altas”, apuntó Shinno.

Pero el gremio minero dice sentirse acosado. El presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Arana, declaró al diario Expreso en marzo que Osinergmin realizaba una “persecución cuasi policial” contra las empresas. Y esperaba que esos “métodos” no sean aplicados por la institución que asumirá en breve la fiscalización de la minería en el tema ambiental: el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) del Ministerio del Ambiente.

“Si se espera que la minería trabaje con guantes y mandil blanco, se está en otro planeta (…) la minería es barro, tierra, hacer huecos (…) minería que no perturba no existe”, argumentó Arana con extrema sinceridad. En realidad, tal exceso de vigilancia no existe.

Lo que hay es una mejor fiscalización desde que Osinergmin asumió esta función en 2007 si se compara con el trabajo realizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pero aún se está lejos de regular con eficiencia la minería.

LUCES Y SOMBRAS

La gerencia de fiscalización cuenta con 25 profesionales (abogados e ingenieros) que analizan los expedientes en oficina y contrata a ocho supervisoras que tienen 64 técnicos destinados a inspecciones de campo. Estas inspectoras pasaron por un nuevo proceso de selección porque, según Osinergmin, algunas no tenían la capacidad para fiscalizar a las empresas más grandes.

¿Pero eso basta para una fiscalización profesional?, ¿no hay casos que escapan del radar de Osinergmin?

“Una institución no se construye de la noche a la mañana. Cuando nos dieron esta tarea, el Minem no nos dio en forma inmediata los documentos de los procesos, tampoco personal ni recursos. Hemos funcionado con el dinero que aportan otros sectores como energía e hidrocarburos para contratar a técnicos capaces”, respondió Alfredo Dammert, presidente de Osinergmin.

El funcionario admitió que recién en 2009 se empezó a agilizar los procesos de sanción que incluyen multas y recomendaciones para remediar las faltas, pero esto sólo ocurrió en la gerencia de fiscalización donde se acumulan las pruebas y se valoran los descargos de las empresas en primera instancia. El mayor entrampamiento continúa en el consejo directivo, la segunda instancia. Ahí está el cuello de botella.

IDL-Reporteros verificó que por lo menos unos 50 casos ya resueltos por la gerencia siguen esperando una respuesta del consejo directivo por infracciones que incluso fueron consumadas hace tres años. Apenas 11 resoluciones fueron emitidas por impugnaciones a multas impuestas por la gerencia general desde que Osinergmin asumió la fiscalización del sector minero. Los casos que se han priorizado son los de mayor escándalo público como los de Doe Run y Casapalca.

Hasta el momento no se ha instalado el Tribunal de Apelaciones y Sanciones en Temas de Energía y Minas (TASTEM), sala que debería ver los casos en segunda instancia como sucede en los sectores energéticos y de hidrocarburos. Con este tribunal, podrían haberse agilizado los procesos ya que está integrado por expertos que pueden sesionar hasta dos veces por semana.

Dammert anunció que pronto se elevarán los expedientes al TASTEM y que antes no fue posible porque no había consenso en el consejo.

Pero ¿sirve de mucho ahora que la OEFA está a punto de asumir la fiscalización del impacto ambiental? La supervisión ambiental a estas empresas representa aproximadamente el 60% de la carga de la gerencia de fiscalización minera de Osinergmin que ahora sólo se quedará con los casos de infracción a normas de seguridad e higiene.

Osinergmin logró incrementar el tope de multas por infracciones ambientales hasta por 10 mil UIT pero sólo para proyectos de exploración. Aún no se ha registrado una sanción por ese monto.

Las multas por falta de seguridad e higiene en las operaciones mineras siguen siendo bajas.

Para Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, hay varios problemas de fiscalización que surgen de las normas: los Límites Máximos Permisibles (LMP) para el sector minero no se actualizan desde hace 14 años y tampoco está definida la indemnización de daños a terceros.

¿Cómo se explica que el gobierno promueva la inversión minera y resalte su aporte económico para el país, sin las armas necesarias para regular, a la vez, esta peligrosa actividad? Ni las leyes ni los mecanismos son suficientemente disuasivos para proteger el medio ambiente y la vida, y tampoco para sancionar eficazmente a quienes los incumplen.

Con lo rentable que es, la actividad minera puede ser un peligroso agente de desequilibrio ecológico, de depredación ambiental y de conflictos sociales. ¿En qué momento el daño supera el beneficio?, ¿cuándo la avaricia se convierte en amenaza? Eso lo debe responder una entidad fiscalizadora experta y con una fuerte autoridad, capaz de actuar en forma pronta y decisiva, tal cual Barack Obama hubiera ahora deseado hacer a tiempo con la British Petroleum.

DEFENSORÍA: SANCIONES DEBEN APLICARSE CON EFICACIA Y ENERGÍA

Iván Lanegra recomienda incrementar las multas para desalentar las impugnaciones.

Las armas para proteger el medio ambiente están desfasadas.

El Adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, señaló a IDL-Reporteros que Osinergmin fiscaliza con límites máximos permisibles (LMP) de efluentes y emisiones minero metalúrgicos aprobados en 1996. El Banco Mundial en un informe de 2005 ya había determinado que estos parámetros se encuentran por debajo de los estándares para prevenir la contaminación.

En noviembre de 2006, el ex Consejo Nacional del Ambiente que dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros, se comprometió a aprobar hasta fines de 2008, 39 LMP. Vencido el plazo, sólo dio luz verde a dos.

En 2009, el Ministerio del Ambiente (Minam) estableció un nuevo cronograma de aprobación y redujo la valla a 23 LMP. Hasta el momento se ha aprobado dos y precisamente entre los parámetros pendientes figura el de las emisiones y efluentes en la actividad minera.

“¿De qué sirve un gran despliegue para fiscalizar si las normas para reducir la contaminación son laxas y no garantizan eficacia? Así, los problemas subsisten y los beneficios ambientales son menores.”, argumentó Lanegra.

El funcionario consideró que como primer paso, los esfuerzos deben desplegarse en la prevención de los daños y para ello es importante la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros, que hoy siguen siendo aprobados por el Ministerios de Energía y Minas (Minem) el mismo que promueve la inversión del sector. La Defensoría ha recomendado que esta función pase al Ministerio del Ambiente.

“Cuando la prevención no funciona y se produce una infracción ambiental, el Estado debe actuar en forma rápida para mitigar los posibles daños y utilizar con eficacia y energía sus facultades sancionadoras”, señaló.

Los derechos que se otorga a las personas para defenderse de los posibles excesos del Estado en los procesos administrativos, han sido distorsionados por algunas empresas que impugnan las multas para postergar el pago lo máximo que se pueda.

“Se debe desalentar el uso de estos mecanismos con objetivos puramente dilatorios”, indicó Ivan Lanegra. Para él, una forma es incrementar las multas de las infracciones y establecer un monto adicional de pago cuando se recurra a impugnaciones injustificadas.

DAÑOS A TERCEROS
Los montos de las multas que aplica Osinergmin no siempre son mayores a lo que ahorraron las empresas por incumplir obligaciones ambientales.

Casos abundan como hemos visto en este reportaje: lo que dejó de gastar una empresa por no reparar un depósito de relaves a punto de colapsar, por echar efluentes minero metalúrgicos al río sin previo tratamiento, por ampliar sus instalaciones sin autorización, por no hacer estudios de suelos que pudieran prever deslizamientos de tierras sobre un bofedal.

Osinergmin avanzó en parte con el incremento de estas multas, pero principalmente para proyectos en etapa de exploración. El proceso está a medio camino y tendrá que ser retomado por la Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) del Ministerio del Ambiente.

Otro aspecto importante para Iván Lanegra es reforzar el sistema de responsabilidad civil por daños al medio ambiente, a las personas o comunidades. “Es un tema que no se ha desarrollado de manera apropiada y que debería trabajarse para proteger los derechos de terceros y los bienes (lagunas, ríos, bosques naturales) que son Patrimonio de la Nación”, aseguró Lanegra.

La aplicación de indemnizaciones, que se rigen bajo el Código Procesal Civil, requiere un mecanismo sencillo que permita a los afectados demostrar la afectación de sus derechos. “Eso por lo general es costoso y difícil de probar. Por eso en otros países se han creado procuradurías ambientales que puedan contribuir al hallazgo de pruebas”, apuntó.

El Minam cuenta desde enero de este año con una procuraduría e impulsa la implementación de fiscalías especializadas para investigar los delitos ambientales que desde 2008 pueden ser sancionados con 3 a 8 años de cárcel. Pero hasta hoy no existe nadie tras las rejas por afectar el medio ambiente.

Además, el Minam interviene sólo cuando hay daños dentro de áreas naturales protegidas y de las 255 denuncias que ha impulsado, unos 35 involucran a mineros informales, no a empresas. El procurador del ministerio, Julio Cesar Guzmán Mendoza, señaló a IDL- Reporteros que sólo existe un caso en investigación preliminar en una fiscalía no especializada en Ancash contra Antamina por presuntos daños al Parque Nacional Huascarán.

Los casos que ocurren fuera de áreas naturales protegidas no son investigados. “La procuraduría del Ministerio de Energía y Minas tampoco lo hace porque dice que no le compete, ahí existe un vacío”, señaló Guzmán.

El presidente de Osinergmin, Alfredo Dammert, aseguró que las resoluciones que emite la institución que dirige pueden constituir pruebas para que los afectados reclamen por estas indemnizaciones ante el Poder Judicial o para que las fiscalías actúen de oficio. Lo cierto, es que las comunidades afectadas no tienen por lo general recursos para contratar a Estudios como al Echecopar o al Estudio García Sayán con el fin de reclamar por reparaciones económicas, como sí lo pueden hacer las empresas, pero para impugnar sanciones.

Cara de Shrek: McDonald’s distribuyó 12 millones de vasos contaminados con cadmio

El cadmio es un metal tóxico considerado cancerígeno y que puede debilitar los huesos y causar severos problemas de riñón.

McDonald’s pide al púbilco devolver la mercadería

Nueva York (Agencias). Las autoridades estadounidenses informaron hoy que la cadena de comida rápida McDonald’s llamó a los consumidores a dejar de utilizar y, si es posible, devolver 12 millones de vasos decorados con la cara del personaje Shrek, porque la pintura contiene cadmio, lo cual implica un riesgo para la salud.

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, “en cooperación” con McDonald’s, anunció “el llamado voluntario” a devolver los vasos “Shrek”, dijo el comunicado. “Los consumidores deben dejar de usar” los vasos, agregó.

El cadmio es un metal tóxico considerado cancerígeno por las autoridades estadounidenses. Asimismo, puede debilitar los huesos y causar severos problemas de riñón.

“RETIRO ES POR PRECAUCIÓN”
La entidad señaló en su aviso de retiro que “la exposición extendida al cadmio puede producir severos efectos adversos en la salud”.

El comunicado afirma que el llamado fue decidido “por precaución” y que no se han señalado incidentes relacionados al asunto. “Es ilegal vender o intentar vender un producto llamado a devolución”, subrayó.

McDonald’s vendía los vasos en aproximadamente dos dólares cada uno, como parte de la campaña promocional de la película Shrek Forever after 3D. Por esta razón, la cadena de comida rápida indicó a sus clientes que pueden acudir a su página web para ver cómo recuperar su dinero.

Lo vasos tienen una capacidad de medio litro y fueron elaborados por la firma ARC International.

IIRSA: en busca de la integración regional latinoamericana


Integración física regional de 12 países sudamericanos

Por Nicolás Polar, director de Advisory – Corporate Finance y Global Infrastructure de KPMG

Escuchamos preguntar una y otra vez sobre si el puerto fluvial de Yurimaguas alcanzará el tráfico que necesita para ser una inversión viable, o si es que el Tramo 2 de la carretera Interoceánica Centro incrementaría el flujo del comercio en la región. Se habla sobre los aeropuertos del sur de manera aislada, como si fueran únicamente iniciativas propias de la región, y se pregunta por qué habría que promover esos proyectos en lugar de otros tantos. En suma: ¿Cuál es el criterio que ha predominado para establecer estos proyectos prioritarios?; ¿por qué creer en la viabilidad e importancia de estos proyectos?, y ¿por qué valdría la pena destinarles recursos públicos y privados?

En realidad, pareciera estarse nublando el panorama y olvidando la propia razón de ser de estas opciones: La integración física regional de 12 países sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) y la visión en consenso de la necesidad de las “infraestructuras sostenibles”, de las cuales todos nos beneficiaríamos.

Miremos la imagen completa: Hace ya 10 años surgió por parte de estos países la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Así, se reconoció la importancia de planificar de manera coordinada los proyectos de transporte, energía y comunicación para impulsar el proceso de integración política, social y económica de la región, a la vez que involucrar al sector privado en esta iniciativa común.
Bajo estas premisas, para avanzar de manera ordenada y productiva, se establecieron desde un inicio dos líneas de acción principales: 1) Los Ejes de Integración y Desarrollo (EID), que permiten identificar necesidades específicas de infraestructura para articular los territorios con el resto de regiones; y 2) Los Procesos Sectoriales de Integración (PSI), que permiten resolver obstáculos normativos, institucionales y operativos que impiden el uso eficiente de la infraestructura planificada.
En los Ejes de Integración y Desarrollo, tenemos un caso muy claro en el Eje del Amazonas, donde la actual concesión del Puerto de Paita sirve de entrada para el sistema de transporte multimodal que utilizaría la carretera Paita-Tarapoto-Yurimaguas, los puertos de Yurimaguas e Iquitos y sus correspondientes centros logísticos, y la hidrovía que los conectaría con proyectos similares en Brasil. Por parte del Eje Andino, tenemos el mejoramiento de la ruta terrestre que nace en Bolivia y atraviesa la costa peruana para luego unir Quito, Bogotá y Caracas. De igual manera, en el denominado Eje Perú-Brasil-Bolivia se consideraba desde un inicio no sólo la pavimentación de las carreteras Iñapari-Puerto Maldonado-Inambari, y de Inambari a Juliaca y Cuzco, sino también la construcción y/o modernización de los aeropuertos a lo largo de la región, la construcción del puente sobre el río Acre y los pasos de frontera entre Perú y Bolivia, sumando también la salida de estas regiones al Océano Pacífico, por medio de los puertos de Ilo, Matarani y San Juan de Marcona.
En los Procesos Sectoriales de Integración, vemos por ejemplo la evaluación del potencial hidroviario de la región (con prioridad en el Eje Amazonas), la Integración Energética por medio de líneas de transmisión transnacionales, el cableado de fibra óptica para telecomunicaciones en redes de transmisión, la armonización regulatoria en materia eléctrica, gasífera y petrolera, el estudio sobre Corredores Ferroviarios de Integración, y la implementación del Proyecto de Roaming Suramericano.
Todos estos proyectos vistos como parte de una misma planificación nos llevan a concebir a Sudamérica como un espacio geoeconómico plenamente integrado, en donde se reducen las barreras comerciales y se consideran sistemas unificados de regulación y operación, que a su vez permiten aumentar el desarrollo regional y aprovechar cadenas productivas capitalizando ventajas comparativas entre los distintos países.

Retomando entonces las preguntas iniciales, vemos que no se trata de la viabilidad individual que cada proyecto pueda tener mirándolo aisladamente, ni del flujo comercial que atraerían por sí mismos, sino de cómo cada uno de estos proyectos forma parte de una visión estratégica de integración -que implica que todos individualmente provean de un valor añadido por ser parte de un rompecabezas mayor- y de cómo su consecución influiría en el éxito de los demás. Es en ese contexto que se invita al sector privado a participar de forma innovadora en el financiamiento, ejecución y operación de estas iniciativas, y a la vez a compartir los riesgos y beneficios que éstas conlleven.
Vistos en conjunto, se trata hoy de una cartera de más de 500 proyectos de infraestructura de integración, con una inversión estimada de cerca de US$ 70,000 millones a ejecutarse en varias etapas, y que considera la integración de un subcontinente de 380 millones de personas. Mirando ahora la imagen completa, ¿alguien duda aún de la viabilidad o prioridad de estos proyectos?