El maíz transgénico está contaminando el maíz no transgénico en Uruguay


Uruguay: Invasión de transgénicos

Según ha determinado un estudio titulado “Interpolinización entre cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay”, llevado a cabo por investigadores de las facultades de Agronomía, Química y Ciencias de la Universidad de la República.
Uruguay, el maíz transgénico está contaminando al maíz natural.
Nuestro país es el cuarto productor de transgénicos a nivel mundial, sostiene el Servicio Internacional para la Adquisición de Agri-Aplicaciones de la Biotecnología (ISAAA). En 2003 se autorizó en el país el maíz transgénico MON 810 y al año siguiente se autorizó el segundo maíz transgénico, BT11. Están siendo sembrados para fines comerciales y de uso humano y animal. En la zafra 2007/08, el maíz transgénico ocupó una superficie de casi 100 mil hectáreas (casi 250 mil acres), equivalente al 16% de los cultivos de verano en el país.
El estudio fue financiado por REDES—Amigos de la Tierra Uruguay, a través del Programa Uruguay Sustentable. El 28 de septiembre los ambientalistas enviaron el estudio y una carta adjunta a todos los ministros que forman parte del Gabinete Nacional de Bioseguridad y a la presidencia de la Comisión para la Gestión del Riesgo, en la que manifestaron su preocupación.
Los autores plantean que -el estudio muestra el fracaso de la política del gobierno de promover una llamada “coexistencia regulada” entre cultivos transgénicos y sus contrapartes no transgénicos-. Según esta política, una separación de 250 metros entre una siembra transgénica y una no transgénica es suficiente para evitar que el polen transgénico fertilice los cultivos no transgénicos. El estudio documentó varios casos de contaminación transgénica en los que la distancia de aislamiento excedía los 250 metros.
Además de maíz transgénico, Uruguay tiene soya transgénica, y desde su aprobación por las autoridades en 1996 la expansión de su área cultivada ha sido extremadamente veloz. Entre las temporadas de siembra de los años 2000/01 y 2007/08, su área cultivada pasó de 10,000 a 462 mil hectáreas (sobre 1.14 millones de acres). Hoy día la soya transgénica ocupa 75% del área de cultivos de verano y es el cultivo de mayor extensión en el país, informa la organización ambientalista RAPAL-Uruguay.
“El modelo basado en la utilización de semillas transgénicas—siembra directa y utilización de un amplio paquete de agrotóxicos—ha determinado grandes impactos a todo nivel”, según RAPAL-Uruguay. “Algunos de los impactos sociales han estado determinados por una fuerte concentración y extranjerización de la tierra y suba del precio de la tierra, provocando así la expulsión y desaparición de pequeños productores de sus campos. Entre los impactos ambientales se encuentra la degradación y erosión de los suelos y la contaminación, habiéndose constatado numerosos casos de mortandades de abejas y de peces. El aumento de los agrotóxicos ha sido de entre el 300 a 500%.”
Se siembran cultivos transgénicos en 18 de los 19 departamentos de Uruguay. El único departamento sin transgénicos es el de Montevideo. A pesar de ser hogar de casi la mitad de la población de la república, el departamento de Montevideo tiene una importante producción de hortalizas y frutas. El área rural de Montevideo provee sobre la mitad del consumo nacional de hortalizas de hoja, como espinaca y lechuga; más de la cuarta parte de las manzanas, duraznos, peras y ciruelas, y además importantes porciones de la producción nacional de limones, uvas y tomates.

La posible entrada de soya y maíz transgénico al departamento de Montevideo tiene a muchos ambientalistas preocupados.

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Quien controlará lo transgénico de lo no transgénico o natural…?

Primer ministro peruano “abrió la posibilidad” para que productos transgénicos sean etiquetados

-Ministro de Agricultura negó presión de grupos empresariales para que el rotulado no aparezca en el proyecto de Código de Consumo-

Perú.- El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, dejó abierta la posibilidad de que los productos transgénicos sean etiquetados al contemplarlo en el anteproyecto del Código de Consumo .

“No es que no queramos incorporarlo en el anteproyecto”, anotó Velásquez Quesquén.

Manifestó que, por el contrario, lo que se busca es que los productos orgánicos sean consignados en los respectivos rotulados.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Aldolfo de Córdova, negó que empresas privadas hayan presionado para que se retire la obligatoriedad del etiquetado.

De Córdova refirió que no hay una evidencia científica que demuestre que los productos transgénicos afecten la salud humana.

Los transgénicos son para saciar el hambre de los pobres o para engordar la gula de la avaricia de lo ricos y poderosos…?

ONU: Aumenta el hambre en el mundo en última década
ROMA – Incluso antes que la crisis económica situara el número de hambrientos en el mundo por encima de los 1.000 millones de personas, la merma de la ayuda y las inversiones en la agricultura aumentaron paulatinamente la cifra de desnutridos desde hace más de una década, dijo el miércoles un organismo de Naciones Unidas.
A no ser que se altere esta tendencia, los ambiciosos objetivos fijados por la comunidad mundial para reducir a la mitad el número de hambrientos para 2015 no serán alcanzados, advirtió en un informe la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO.
Tras lograr avances en la lucha contra el hambre en las décadas de 1980 y principios de la de 1990, el número desnutridos comenzó a crecer en 1995, llegando este año a 1.020 millones de personas ante la combinación del elevado precio de los alimentos y la recesión global, dijo el organismo.
La cifra alcanzó los 1.000 millones en junio y era de 963 millones hace un año.
La culpa por la tendencia a largo plazo obedece en la reducción de la ayuda y las inversiones privadas destinadas a la agricultura desde mediados de la década de 1980, dijo la FAO en su informe.
“En la lucha contra el hambre, el foco debería ser aumentar la producción de alimentos”, dijo el director general de la entidad, Jacques Diouf. “Es de sentido común … que la agricultura reciba prioridad, aunque ha ocurrido lo contrario”.
En 1980, 17% de la ayuda aportada por los países donantes fue a la agricultura. En 2006 la proporción era del 3,8% y mejoró solamente un tanto en los últimos tres años, dijo Diouf en una entrevista con AP Televisión News.
La contracción podría haber sido causada por el bajo precio de los alimentos, que desalentó la inversión en agricultura, que además tiene que competir con otros sectores de ayuda, como reducción de la deuda y control de la población, dijo el economista de la FAO David Dawe.
Ante esta tendencia, la población hambrienta se vio afectada recientemente por un doble golpe. Primero, el encarecimiento de los alimentos básicos en 2007 y 2008, que obligó a las familias pobres a vender sus pocas pertenencias y reducir los gastos del consumo de alimentos, salud y enseñanza.
Aunque el encarecimiento de los precios _ que causaron la violencia callejera en todo el mundo _ se ha estabilizado, siguen siendo relativamente altos, especialmente en el mundo en desarrollo, dijo Diouf a APTN.

La Hora del Planeta de WWF pretende implicar a más de mil millones de personas y movilizar a 6.000 ciudades del mundo

Apaga la luz, enciende el planeta.

El Comercio.-La Hora del Planeta 2010 será la mayor llamada a la acción organizada jamás. Servirá para demostrar que, actuando juntos, todos somos parte de la solución al cambio climático, a pesar del insuficiente acuerdo de Copenhague.

La Hora del Planeta de WWF pretende implicar a más de mil millones de personas y movilizar a 6.000 ciudades del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el cambio climático.

El día 27 de marzo de 2010 (hoy), de 20:30 a 21:30, descubre lo que millones de personas pueden hacer juntas.

Un gesto, un símbolo; mil millones de gestos, una acción global por el clima.

En Lima
Algunas compañías comprometido son el Jockey Plaza, Malls Aventura Plaza, Supermercados peruanos, los bancos HSBC, Interbank, BCP, BBVA y Scotiabank, Backus, Santillana y Lima Airport Partners.

Comunicación. Importante iniciativa tuvo Telefónica que anunció que enviará mensajes de texto a sus usuarios para que participen en la actividad.

Dato
En el 2009, unos 88 países, incluyendo 73 capitales y 9 de las 10 ciudades del mundo más pobladas, se unieron a la Hora del Planeta apagando las luces de sus monumentos y edificios más representativos como símbolo frente al cambio climático. A oscuras se quedaron las pirámides de Giza, el Cristo Redentor de Brasil, Times Square, el Coliseo de Roma o la Torre Eiffel.

Turista sueca hizo denuncia falsa en Cusco para cobrar seguro de viajes de su país


Cusco, mar. 22 (ANDINA).- El Ministerio Público del Distrito Judicial de Cusco denunció a la turista sueca Heidi Ida Karlsson (23), por realizar una falsa denuncia de robo con la intención de beneficiarse con el cobro de seguro de viaje de su país, informó hoy la X Dirección Territorial Policial (Dirtepol).
La turista denunció el pasado 18 de marzo, en la sede de la Policía de Turismo, haber sido víctima de robo por parte de un sujeto en las inmediaciones de la Alameda Pachacútec.

Según su manifestación, el desconocido le arrebató su mochila conteniendo una cámara fotográfica marca Olympus con una tarjeta memoria, un Ipod marca Nano, una copia de pasaporte y una prenda de vestir.

Tras la denuncia, la policía le solicitó brindar las características físico faciales del presunto autor y detalles para la constatación en el lugar del robo, pero la denunciante no pudo explicar lo ocurrido y entró en contradicciones.

Durante el interrogatorio reconoció, en presencia de su abogado, que la denuncia era falsa y que su intención era obtener una copia certificada para beneficiarse económicamente con el seguro de viajes de su país.

Posteriormente, dijo que en realidad el robo de su mochila ocurrió en la frontera con Ecuador.

Las autoridades del Ministerio Público denunciaron a la turista ante el juzgado especializado por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de denuncia calumniosa en agravio del Estado Peruano.

Perú: criminalizan la lucha indígena

Sin pruebas en su contra, activistas indigenas son mantenidos presos
Por: Ángel Páez

Lima.-Sin pruebas en su contra, activistas indígenas son mantenidos presos por el asesinato de policías, ocurrido durante las movilizaciones indias de Bagua; en contraste, ni un solo policía ha sido detenido por los homicidios de los indígenas, ocurridos en el contexto de las mismas movilizaciones. Mientras, el gobierno pretende llevar a cabo las medidas que originaron el descontento indio: la explotación de la selva por trasnacionales

Todos los peritajes exculpan a dos de los indígenas acusados del asesinato de 12 policías durante los enfrentamientos ocurridos, en junio, entre pobladores y fuerzas de seguridad en Bagua, en la nororiental selva amazónica peruana. Pero siguen presos.
Feliciano Cahuasa Rolín y Danny López Shawit permanecen en prisión desde hace más de ocho meses, pese a que un peritaje técnico demostró que ninguno de los dos disparó un solo tiro y, por tanto, son inocentes en la muerte, el 6 de junio, de los efectivos.
En cambio, no hay ningún policía detenido por el crimen, ese mismo día, de 10 nativos y mestizos, durante el “baguazo”, como se denomina en este país al trágico enfrentamiento que estalló cuando un operativo policial intentó reprimir una protesta de miles de pobladores de la zona.
Las manifestaciones en Bagua, una de las siete provincias del departamento de Amazonas, eran contra un conjunto de decretos-leyes que el gobierno de Alan García aprobó para alentar la inversión privada en la selva, sin la obligada consulta a las comunidades nativas.

Hace poco, los tribunales de Bagua cerraron el plazo de investigación judicial por los casos “Curva del Diablo” y “Estación 6”, abiertos contra 96 nativos y mestizos a los que se atribuye haber intervenido en el homicidio de 23 policías y en la desaparición de otro durante los enfrentamientos.
Juan José Quispe y Gustavo Campos, los abogados defensores de los nativos y mestizos, interpusieron recursos legales en demanda de la ampliación del plazo de investigación.
La razón es que los magistrados no cumplieron con llevar a cabo 74 diligencias consideradas trascendentales para esclarecer la situación de los 96 enjuiciados, entre ellos, Cahuasa y López.
“No hay pruebas contra Cahuasa y López, como tampoco las hay contra los otros acusados”, dijo a IPS el abogado Quispe, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDH).
“Por supuesto que se debe castigar a quienes mataron a los policías, pero ellos no han sido los autores de los asesinatos”, precisó.
El abogado aseguró que “todo el caso está plagado de irregularidades” y citó entre ellas que “no se ha recogido el testimonio de importantes testigos de los hechos para acreditar que los denunciados son inocentes.
“Los que están enjuiciados son personas arbitrariamente detenidas por la policía el día de los hechos. No los arrestaron como resultado de una investigación”, apuntó Quispe.
El alcalde de la provincia de Condorcanqui y líder del pueblo aguaruna, Héctor Requejo, y el también indígena Merino Trigoso, son acusados de la autoría intelectual de la masacre de policías en Curva del Diablo, un tramo de la principal carretera de la selva, tomado aquel día por los manifestantes.
Requejo y Trigoso fueron señalados por dos adolescentes detenidos por efectivos del ejército durante el “baguazo”. Sin embargo, la declaración de los jóvenes no está incluida en el expediente judicial.
“Las propias autoridades judiciales confirmaron que las declaraciones de los jóvenes no obran en el expediente; sin embargo, subsiste la persecución contra Requejo y Trigoso”, manifestó Gustavo Campos, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Es más, los adolescentes han dicho que no han acusado a ninguno de los dos”, adujo.
Campos detalló que “hemos planteado a los juzgados que el caso sea declarado complejo, con la finalidad de continuar con las investigaciones antes del juicio oral, y así establecer que no hay evidencias contra los 96 procesados”.
Pero el pedido fue rechazado, “así que hemos apelado”, añadió Campos, antes de explicar que “estamos muy preocupados por la cadena de irregularidades que afecta el debido proceso”.
La fiscalía penal de la provincia de Utcubamba, en cuya jurisdicción se produjo el “baguazo”, denunció como autores mediatos (a través de otros) del homicidio de cuatro indígenas a dos generales, y como presuntos autores materiales a dos policías.
Los generales son el exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Luis Muguruza, y al exjefe policial de Bagua, Javier Uribe.

La defensa de los indígenas y mestizos sostiene que la denuncia fiscal contiene graves errores, como considerar autores mediatos de los hechos a los dos generales, quienes se limitaron a cumplir órdenes.
“Muguruza y Uribe eran parte de una cadena de mando que alcanzaba al entonces director de la Policía Nacional, teniente general José Sánchez Farfán, y a su jefa inmediata, la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien a su vez estaba a la orden del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon”, señaló Quispe.
Sin embargo, “ni siquiera se han tomado las declaraciones de Cabanillas y Simon, que son muy importantes para establecer en dónde se originó la orden para reprimir a los manifestantes ubicados en Curva del Diablo y la Estación 6, donde se produjeron las masacres de ambos lados”, afirmó.
A juicio de Quispe, “esta denuncia de la fiscalía está construida para garantizar la impunidad a las autoridades del (Poder) Ejecutivo”.
Pero, además, hay otro intento para sustraer de la acción de la justicia a los que desde el gobierno nacional adoptaron la decisión de ejercer la violencia sobre los nativos, que protestaban contra leyes que los afectaban.
El presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el vicealmirante en retiro Carlos Mesa, anunció que formulará un reclamo de competencia a la justicia común para que sean los tribunales castrenses quienes procesen a los dos generales denunciados.
Mesa argumentó que corresponde a la justicia militar procesar a los policías, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
“Los generales de la policía han sido denunciados por los delitos comunes de homicidio y lesiones graves, que no son delitos de función aquí ni en ninguna otra parte”, arguyó el director de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo.
Esta organización se encarga de la defensa de los 96 indígenas y mestizos acusados por la violencia en Bagua, junto con CDH, IDL y la católica Comisión Episcopal de Acción Social.
“Se trata de una maniobra de la justicia militar para asegurar impunidad a los generales de la policía a cambio de que no declaren que ellos ejecutaron la operación en Bagua por órdenes directas del exprimer ministro Yehude Simon y la exministra del Interior Mercedes Cabanillas”, aseguró Jugo.
Planteó que el estamento militar y los propios generales acusados saben bien que las penas por un delito en el ejercicio de su función son mucho menores que la de homicidio calificado en la justicia penal, que llega hasta los 35 años de cárcel.
Para protestar por las irregularidades en las causas de los 96 nativos y mestizos acusados, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte convocó una movilización para el lunes 22 de febrero.
La convocatoria también buscó denunciar el incumplimiento de la derogatoria de los decretos-ley que encendieron la ira de las comunidades nativas y desembocó en el “baguazo”.
La Comisión Multipartidaria del Congreso Legislativo, encargada de la desactivación de las normas legales que provocaron el levantamiento indígena, informó a IPS que ya fueron derogadas cuatro de las 10 “leyes de la selva”.
Esta comisión emitió un informe que concluye que los 10 decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a la consulta previa a las comunidades nativas cuando se trate de normas que afecten su hábitat y forma de vida.
Pero la derogación de la totalidad de las “leyes de la selva” todavía no se ha ejecutado, que es lo que demandan los pueblos de la Amazonia peruana.