Cataluña: Vox pide 74 y 62 años de cárcel para lideres separatistas

74 años para exconsellers y 62 para los ‘Jordis’ por rebelión y “por motivos racistas contra los españoles”

VOX pide 74 años para Junqueras por dos delitos de rebelión y malversación
Una rebelión “por motivos racistas o de discriminación de todo lo referente a los ciudadanos españoles por razón de su nacimiento en España”. Así define VOX el proceso soberanista en el escrito de acusación del partido ultra derechista en la causa del ‘procés’ ante el Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso este diario. Un escrito de 60 páginas en las que el partido, como ha venido haciendo en la causa del ‘procés’, se ensalza como principal azote de los independentistas catalanes.

El “racismo” independentista, junto a la condición de autoridad pública de los ex consellers, son los dos motivos para agravar las penas de los dos delitos de rebelión y uno de organización criminal y malversación de los que acusa Vox a los líderes soberanistas.

En consecuencia, el partido ultra derechista pide 74 años de cárcel para el ex vice president Oriol Junqueras y los otros cinco ex consellers en prisión preventiva y 62 años de cárcel para Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell. De forma alternativa, en vez de los 50 años por dos delitos de rebelión, Vox pide condenar a los ex consellers y a los ‘Jordis’ y a Forcadell a 30 años de cárcel por dos delitos de sedición.

Las penas solicitadas por Vox suponen multiplicar por tres y por cuatro las reclamadas por la Fiscalía que ha pedido 25 años de prisión para Junqueras, 17 para Forcadell y los ‘Jordis’ y 16 para los ex consellers acusados de rebelión. Y son hasta ocho veces más altas respecto a las solicitadas por la Abogacía del Estado por sedición –12 años de prisión para Junqueras, once y medio para los cinco ex consellers que siguen en prisión, diez para Forcadell y ocho para los ‘Jordis’. Con estos abanicos de penas y delitos deberá decidir la sala del Tribunal Supremo que juzgará a los líderes del ‘procés’, aunque las calificaciones de las acusaciones se pueden modificar al final de la vista oral.

Vox basa la agravante de racismo en tres artículos, uno de Oriol Junqueras, otro del ex president de la Generalitat Jordi Pujol y otro del dramaturgo Albert Boadella, referente de colectivos contrarios a la secesión como Tabarnia. El ex vicepresident, según Vox, escribió en 2008 que “los españoles tienen más proximidad genética con los portugueses que con los catalanes y muy poca con los franceses”.

Respecto a Pujol, Vox recupera unas supuestas declaraciones del ex-presidente en las que aseguró que “el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico y destruido”, mientras que de Boadella destaca la “descripción” que hizo del nacionalismo catalán: “Un goteo de odio a España durante 35 años, dos generaciones que se han educado en el odio”.

Sobre la violencia necesaria para acusar por rebelión, Vox asegura que durante el proceso soberanista “han sido permanentes los actos y manifestaciones” convocados por Òmnium y la ANC “orientados a fomentar, provocar y ejecutar actos de violencia y a impulsar y movilizar el mayor sector de población que fuera posible”. Y pone como ejemplo las manifestaciones de la Diada de 2015, 2016 y 2017. Por otro lado, Vox coincide con la Fiscalía en calificar de “incendiaria convocatoria” la protesta frente a la conselleria de Economía del pasado 20 de septiembre, un “levantamiento violento” que repetirían, junto a los ex consellers, el 1-O.

Entre los testigos solicitados por Vox destacan, entre otros, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy; la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa maría; el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro; el ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el ex president de la Generalitat, Artur Mas; y la periodista Pilar Rahola.

Oriol Solé Altimira

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Keiko Fujimori: Le imponen 36 meses de prisión preventiva

La líder del partido opositor Fuerza Popular e hija mayor del expresidente Fujimori fue detenida inmediatamente
El juez peruano Concepción Carhuancho , ha impuesto este miércoles 36 meses de prisión preventiva para la líder de la oposición, Keiko Fujimori, investigada por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña presidencial en las elecciones de 2011. “Este despacho considera que sí existe sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos en condición de líder en organización creada de facto al interior en Fuerza 2011”, ha señalado el juez al sustentar su decisión. Ante el “alto riesgo de fuga” y la acusación de obstaculizar la investigación, el magistrado ha dictado orden de detención inmediata contra la líder del partido Fuerza Popular.


El plazo de 36 meses de prisión preventiva coincide con el que tiene el fiscal provincial José Domingo Pérez para continuar la investigación preparatoria contra Fujimori. Se le acusa de ser la presunta líder de una organización criminal “que se enquistó en el partido Fuerza 2011” (hoy Fuerza Popular) para el blanqueo de capitales. De acuerdo a testimonios y abundante documentación conseguida por el fiscal de lavado de activos, Fujimori recibió 1,2 millones de dólares en fondos ilícitos procedentes de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011.

La decisión del magistrado es un nuevo golpe a la formación política con mayoría en el Congreso, y que desde julio de 2016 obstruyó, primero, la gestión del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski -que acabó dimitiendo en marzo-, y luego la de Martín Vizcarra, su sucesor y actual mandatario peruano.
La hija mayor de Alberto Fujimori ya pasó siete días en prisión preliminar a mediados de octubre. Aquella medida fue ordenada por este mismo juez, Richard Concepción Carhuancho, a solicitud del fiscal Pérez, por su presunta participación en el llamado ‘caso Cocteles’. Desde 2017 se investiga esta trama acerca de los fondos de campaña que el fujimorismo dijo haber recaudado mediante eventos como cocteles y rifas, pero que no pudo sustentar posteriormente ante la fiscalía.
En esa ocasión, el juez Concepción ordenó también la detención preliminar de otras 19 personas que en 2011 fueron donantes falso; es decir, depositaron a su nombre en la cuenta bancaria de Fuerza 2011 el dinero entregado por Odebrecht. No todos fueron detenidos: el ex secretario general de Fuerza 2011 Jaime Yoshiyama, ex ministro del Gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90, permanece en Estados Unidos, y otros se convirtieron en testigos protegidos que han aportado más evidencias a la Fiscalía.
El esposo de una de las personas con orden de detención, el congresista fujimorista Rolando Reátegui se presentó entonces como testigo protegido, al sentir que su grupo político los había dejado solos. Dijo que, a petición de Keiko Fujimori, reclutó a falsos donantes y personas que hicieron las transacciones bancarias en la región San Martín.

La resolución que ordena la detención preventiva, sostiene que los falsos donantes gestionados por Reátegui afectaron “el correcto funcionamiento del sistema financiero y la eficacia del sistema de justicia penal: se ha buscado impedir averiguar el origen del dinero”. Un pariente del ex ministro Yoshiyama hizo operaciones similares a las de Reátegui, en Lima, con unos 100.000 dólares procedentes de la contabilidad paralela de la constructora brasileña.
Obstrucción a la justicia
Reategui además entregó a la Fiscalía conversaciones del comité político de Fuerza Popular, realizados a través del sistema de mensajería Telegram, con las órdenes de la líder a su bancada para blindar a altos funcionarios gravemente involucrados en la trama de corrupción del sistema de justicia.
“Tenemos una estructura que a través del congresista (fujimorista Héctor) Becerril gestiona una reunión entre la investigada Keiko Fujimori y el exjuez César Hinostroza para ayudarla en procesos judiciales”, ha explicado el magistrado Concepción este miércoles.
Hinostroza está detenido en Madrid con fines de extradición, pero en julio, cuando aún era juez de la Corte Suprema, debía revisar un recurso de Fujimori para que la investigación del ‘caso Cocteles’ no continuara bajo la ley de crimen organizado.

En julio, el informe de una fiscal provincial que investigaba a los Cuellos Blancos del Puerto apuntó a Hinostroza como jefe de dicha organización criminal y al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, como integrante de la misma. Por ello, el Congreso debía debatir las acusaciones constitucionales y retirarles el fuero para que sean investigados penalmente por varios delitos, entre ellos, el de organización criminal.
Para el juez Concepción la conversación en Telegram muestra “una cúpula que da directivas a congresistas: blindar a Hinostroza sobre el delito de organización criminal y tramitar denuncias de manera individual contra Chávarry para interferir con el normal funcionamiento de administración de justicia”.
El magistrado destacó las relaciones entre la presidenta de Fuerza Popular, sus asesores políticos y legales en la sombra, los congresistas de su partido, Chávarry e Hinostroza, como un engranaje de protección mutua de intereses.
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, ha informado a la prensa de que la próxima semana apelará la decisión. ( J.F.)