Daño colateral

Por: Gustavo Gorriti

Si hubiera un campeonato de eufemismos, “daño colateral” no tendría pierde.

“Daño colateral” es una expresión de militares y diplomáticos que pertenece más a la excusa que a la descripción y resulta conveniente para cubrir con un velo de inevitabilidad lo que frecuentemente ha sido causado por la incompetencia, el cinismo, la indiferencia y solo en casos raros por la fatalidad.

Mientras el caso López Meneses continúa contaminando la atmósfera política e institucional con hedores de putrefacción noventera, el régimen del presidente Humala ha tenido un manejo de crisis que, antes que por lo inepto, impresiona por lo asustado.

López Meneses

López Meneses


En lugar de ordenar y llevar a cabo una investigación factual, seria y directa para descubrir a culpables y cómplices del escandaloso caso (algo que a investigadores competentes y con los medios necesarios, no tomaría más que unos pocos días), el Gobierno adoptó medidas que, aparentando severidad, revelaban miedo.

Antes de irse, el ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, ordenó investigar a todos los jefes policiales vinculados funcionalmente con la protección a la casa de López Meneses. Eso está bien; pero no lo que pasó después. Como parte de la investigación, Pedraza, decidió separar a todos y cada uno del cargo que estaban desempeñando cuando salió la denuncia. E inmediatamente después, renunció.

La salida de Pedraza provocó la del viceministro Iván Vega, la persona encargada por el presidente Humala de articular las acciones contra Sendero Luminoso en el VRAE.

Poco antes, el general PNP Aldo Miranda fue separado del cargo de Director de Seguridad Ciudadana como resultado de la última decisión de Pedraza, de separar antes de investigar, incluso en casos, como el de Miranda, en el que la destitución de hecho no tenía ningún efecto positivo sobre la investigación.

El problema para la sociedad y para el Gobierno, es que la gestión de Vega como articulador de las acciones contrainsurgentes ha sido no solo positiva sino exitosa. A la vez, el desempeño del general Miranda en la Dirección de Seguridad Ciudadana es considerado como el mejor que han visto y vivido veteranos dirigentes de Juntas Vecinales en sectores críticos para la lucha contra el delito en Lima.

A Iván Vega le dicen “Rambito”, en algunos casos con afecto y en otros con rencor. Aunque despierto y rápido de juicio, Vega no es un pensador, un analista, sino un administrador con talento operativo, visión táctica, capacidad de trabajo, y, lo más importante, confianza del presidente de la República y acceso directo a él.

Aunque estuvo antes (desde 2004 hasta fines de 2006) en el ministerio del Interior, fue nombrado viceministro por este Gobierno en diciembre de 2011.

Desde el inicio de su gestión se abocó centralmente a apoyar la acción contrainsurgente, inicialmente en el Huallaga y, luego de la captura de ‘Artemio’, en el VRAE.

Después de la desastrosa experiencia de Kepashiato, donde no hubo orden ni claridad en el manejo de inteligencia y de acciones, el presidente Humala le encargó articular las acciones contrainsurgentes en el VRAE.

Esa fue una decisión audaz y acertada. Hasta ese momento, pese a que se había aprobado y diseñado varias formas de coordinación inter fuerzas y armas en el VRAE, el peso muerto de las burocracias y de los procedimientos dentro de cada institución impedían la articulación rápida y fluida, sobre todo entre inteligencia y fuerzas especiales, que es esencial para tener éxito operativo.

La iniciativa de inteligencia de “Fusión”, por ejemplo, que parecía inicialmente promisoria, languideció y se marchitó por las típicas mezquindades burocráticas. Operaciones coordinadas entre la Policía y el Comando Conjunto, como una contra el líder senderista ‘José’ en Mayapo, fracasaron por falta de una ejecución conjunta e integrada de acuerdo con los puntos fuertes de cada uno.

“Iván Vega coordinó un grupo heterogéneo, poco convencional, pero ágil y muy bien integrado. Actuó a través de las instituciones, pero dentro de la ley”.

La determinación de Humala, de poner a un civil en la coordinación de todos los grupos dedicados a la tarea, provocó resistencias dentro del Comando Conjunto y de otras fuerzas. Uno de los argumentos que se esgrimió fue el de la responsabilidad: si no existía una cadena formal de mando, ¿quién se responsabilizaba por las decisiones y sus consecuencias? ¿Para qué estaban los institutos, sus responsabilidades territoriales y sus fuerzas?

Fue el clásico argumento que en este tipo de conflictos enfrenta a los militares ortodoxos con la heterodoxia y la flexibilidad de los especializados en contrainsurgencia y fuerzas especiales. “Rambito”, un civil con vocación operativa, coordinó un grupo heterogéneo, poco convencional, pero ágil y muy bien integrado. Actuó a través de las instituciones, pero dentro de la ley. Con la participación de fiscales del Ministerio Público en cada acción.

En relativamente poco tiempo, el grupo incluyó a los policías especializados de Dirandro (en especial la unidad dirigida por ‘Yair’); los de la Dincote, bajo el mando del ahora general PNP Vicente Álvarez; las fuerzas especiales combinadas de la FEC, dirigidas por el coronel EP “Pachi”, bajo las órdenes del CIOEC, comandado por el general EP Moisés del Castillo, entre otros. Los estadounidenses, a través de la DEA, proporcionaron inteligencia electrónica. Así, la combinación de inteligencia dada por los informantes de ‘Yair’ o de la Dincote, además de la electrónica, culminó en operaciones específicas en las que, por primera vez, el Estado tuvo la iniciativa.

Y aunque hubo algunos fracasos, los éxitos (fundamentalmente las operaciones en las que fueron abatidos ‘William’, ‘Alipio’ y ‘Gabriel’), cambiaron el curso del conflicto en el VRAE.

El mérito de ‘Rambito’ fue articular a ese grupo heterogéneo y llevarlo a operar con eficiencia, cruzando todo tipo de ámbitos institucionales y geográficos, gracias al control final y las órdenes de Humala.

Ahora, Vega ha renunciado y la eficacia y vigencia de ese grupo está en peligro. En tanto es obvio que no debe cambiarse lo que funciona bien, sobre todo en un ámbito vital para la seguridad del país, queda por esperar que el presidente Humala tome las medidas para darle continuidad y quizá el grado de estructura que sin quitarle agilidad, le de la suficiente solidez como para que los López Meneses de este mundo no lo pongan en riesgo.

La seguridad ciudadana.- Quintiliano Olivas y Susano Enciso son dos de los más veteranos y prestigiosos líderes de juntas vecinales en Lima. Olivas en Villa El Salvador y Enciso en Cerro el Pino.

Ambos se han movilizado a fondo para exigir a las autoridades la permanencia del general Aldo Miranda en la dirección de seguridad ciudadana. Ellos, y varios otros líderes, consideran que Miranda ha tenido logros sin precedentes en el relativamente poco tiempo que estuvo a cargo de la dirección de seguridad ciudadana.

Aplicando los principios de Policía Comunitaria, de proximidad y estrecha colaboración con las juntas vecinales, Miranda contribuyó decididamente en la pacificación de Cerro el Pino, anteriormente un foco delincuencial que parecía incontrolable.

El método y la experiencia de Cerro el Pino se convirtió en un plan, estrategia y hasta doctrina para ser aplicado en varios otros lugares de Lima primero y en otras ciudades del país después.

Ahora, después de que Miranda ha sido removido de su puesto sin haberse podido siquiera defender, el avance no solo corre el riesgo de truncarse sino que incluso lo logrado en Cerro el Pino se puede perder.

Sería un crimen permitir que eso suceda.

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