Entre el macartismo y los narcovuelos

Por:Gustavo Gorriti
director de IDL-Reporteros

Reproducción de la columna ‘Las palabras’ de la revista ‘Caretas’.

Esta semana escribo sobre dos aspectos diferentes y hasta opuestos de un mismo problema: el resurgimiento de los narcovuelos y el macartismo anti-cocalero. Empiezo con los narcovuelos.

En 1988 se cultivaron 138,271 hectáreas de coca en el Perú y en 1995, unas 115,300. Entonces, casi toda la pasta básica se exportaba por aire, en un puente aéreo de avionetas entre Perú y Colombia.

A partir de abril de 1995 empezó con fuerza una estrategia binacional de interdicción aérea en el Perú.

Los números resumen secamente los dramas de avistamiento, conminación, persecución y derribo que se dieron en los cielos de la amazonia. La FAP realizó 323 vuelos de interdicción e intervino a 41 avionetas. Otras 37 fueron derribadas en el aire, en pleno vuelo. Tres avionetas fueron destruidas en tierra y otras 19 fueron ‘autodestruidas’ por los narcotraficantes. Así, un total de cien avionetas fue inutilizado.

Rota la cadena productiva, el efecto central se dio en el mercado. Si en diciembre de 1994, un kilo de pasta básica lavada se vendía a $1,300 en Palmapampa, en octubre de 1995 se podía comprar en $50 en Tocache. La pasta básica de cocaína, que llegó a venderse hasta a $1,500 el kilo en 1989, y a $350 en 1994, se vendía a $70 el kilo en septiembre de 1994. Los precios de la hoja de coca cayeron de $27 por arroba (25 libras) en febrero de 1995, a $5 en agosto-septiembre y $2 en octubre.

Ya no se trató de la “mano invisible del mercado” sino de su guadaña invisible. Todo lo que no logró entonces ni ahora la erradicación directa de las cuadrillas del Corah fue conseguido con brutal eficacia por el colapso de precios.

Si en 1995 había unas 115,300 hectáreas sembradas con cocales (23 mil menos que en 1988, cuando se cultivó nada menos que 138,271 hectáreas), cuatro años después, en 1999, quedaban apenas 38,700 hectáreas cultivadas con coca en todo el país. Sin que nadie las tocara, 76,600 hectáreas desaparecieron. Nada igual sucedió, ni antes ni después.

La interdicción aérea tuvo un éxito contundente, indiscutible. Acarreó también, por cierto, costos inesperados. Los Decas del VRAE, que a esas alturas ya habían ganado la guerra a Sendero, se vieron súbitamente debilitados por el desplome de la economía de la coca –de la cual dependían en gran medida– y como consecuencia de ellos, las ofensivas. que pudieron ser decisivas, al reducto de Vizcatán se diluyeron, permitieron la supervivencia primero y la reagrupación después de Sendero.

El narcotráfico se adaptó a la pequeñez y se hizo terrestre. Y luego que se interrumpió la interdicción aérea creció poco a poco. Los ‘cargachos’ o mochileros se hicieron transportistas y el área cocalera se expandió paulatinamente. En 2011, había 49,500 hectáreas de cocales, según estimados estadounidenses y 62,500 según las Naciones Unidas, que producían, a tenor de los cálculos estadounidenses, un potencial exportable de 360 toneladas de cocaína.

Pero desde ese año empezó un cambio en el narcotráfico que puede alterar por completo los patrones y tendencias de 1996 a la fecha.

Las narcoavionetas han retornado. Y cada vez vuelan más.

Según la Dirandro, los vuelos detectados en la zona de ciudad Constitución, entre mayo y diciembre de 2012, fueron de 59 narcoavionetas. Cada una carga en promedio 300 kilos de droga, lo cual significó una exportación aérea de 17.7 toneladas en ocho meses.

Este año, 58 narcoavionetas (17.4 toneladas de cocaína aeroexportada) fueron detectadas en la misma zona durante los primeros cuatro meses. Lo mismo que hace un año en la mitad de tiempo.

El escenario está cambiando, y rápido. En IDL-Reporteros (reporteros.pe) publicaremos un informe esta semana sobre lo que es y significa el retorno del puente aéreo de las drogas.

Macartismo anti-cocalero: La aparatosa redada policial de estos días, en Lima y el Alto Huallaga, entre cuyos detenidos figura la ex congresista y líder cocalera Nancy Obregón, se hizo con un despliegue inusitado de fuerza y de rigor. Intervenciones de madrugada, con descerraje e irrupción aparatosa a los domicilios… Es cierto que hubo fiscales y orden judicial de por medio, pero ¿acaso era necesaria esa ostentación de fuerza y de amenaza en la detención? ¿no se trató acaso de apabullar y humillar a los detenidos?

No tengo todavía los elementos de juicio necesarios como para analizar la justicia o injusticia de estas detenciones. Lo haré cuanto antes, por supuesto. Pero a primera vista, y a segunda también, hay ahí algunas cosas que me parecen entre improbables y absurdas.

La Dirandro ha hecho trascender (en El Comercio y La República entre otros medios), que Nancy Obregón habría tenido contactos y colaboración con los senderistas del VRAE. Pero esa misma dirección y, más específicamente, esos mismos agentes, habían acusado a Obregón el 2010 y el 2011, de haber colaborado con “Artemio”. ¿Cómo pudo haber colaborado con dos enemigos a muerte, que se buscaban entre sí para matarse? La versión de que se peleó con ‘Artemio’ y buscó por eso a ‘José’ en el VRAE está llena de inconsistencias cronológicas y factuales.

No sé todavía si las inconsistencias serán tan grandes, o más, que las del atestado que se hizo en el operativo ‘Eclipse’ en 2010, a raíz del cual se encarceló a buena parte del liderazgo cocalero en Monzón, que (como es el caso de Eduardo Ticerán, por ejemplo), continúa en la cárcel con un proceso judicial paralizado desde el inicio.

Sucede que la acusación por narcotráfico, senderismo o las dos cosas, convierte a los imputados en leprosos legales y parias de la opinión pública. Su capacidad de defensa queda seriamente mellada y son muy pocos los que protestan por los abusos que una acusación sin sustento y una larga detención sin proceso pueden acarrear.

Quien comete el delito merece el castigo. Pero solo después de una investigación seria, no contaminada, y de un juicio cabal. Y tanto aquí, como con seguridad en el caso ‘Eclipse’ hay síntomas de que no ha habido el debido proceso policial y fiscal.

La Dirandro ha efectuado trabajos muy importantes (y los efectúa ahora mismo, como en el caso de la resurgencia de los narcovuelos), como para permitirse contaminar su trayectoria y credibilidad con investigaciones distorsionadas. En una democracia, las cosas no se hacen así. Y el macartismo anticocalero, por lindo que les suene y práctico que les parezca a los reaccionarios que ahora manejan la política antidrogas, no solo colisiona con el espíritu de la democracia, sino es contraproducente y además estúpido♦

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