Perú: ¿Disolver?

Editorial del “Comercio”

Lo sucedido en los noventas tendría que habernos enseñado ya el valor de las instituciones

La encuesta de Apoyo que publicamos este domingo con motivo de los 10 años del golpe de estado del 5 de abril de 1992, trajo una noticia preocupante: podría volver a ocurrir. O, mejor dicho, bajo determinadas y no tan irreales condiciones, una mayoría de peruanos estaría dispuesta a aceptar que volviese a ocurrir. Frente a una situación de gran corrupción en el Congreso, de hecho, hasta un 69% de encuestados aprobaría un cierre del mismo.

Es comprensible que en un contexto en donde los congresistas robacables y comeoros proliferan al margen de quienes sean los gobiernos de turno, los ciudadanos tengan reacciones irritadas. Lo que no es tan comprensible es que se piense que cerrar el Congreso y dejar todo el poder concentrado en un solo lugar–el Ejecutivo–es una solución a este problema. Sobre todo si los que piensan esto son personas que vivieron lo que sucedió en el Perú en los noventas y que, por lo tanto, no deberían requerir conocimientos de teoría política para saber de qué forma el trabajo de la corrupción solo se simplifica cuando el poder no tiene contrapesos. Basta con recordar cómo para el final del gobierno del presidente Fujimori no había una sola instancia de decisión o influencia pública en el Perú que no tuviese un precio, y un precio que se podía transar negociando únicamente con un solo interlocutor: el asesor principal del presidente.

En esa oficina/ventanilla del SIN se compraban jueces, ministros, candidatos, congresistas, alcaldes, fiscales, militares, policías, periodistas, figuras del espectáculo y empresarios. El pago muchas veces se hacía con dinero público cuya transferencia al asesor autorizaba el Ejecutivo y muchas otras se hacía con decisiones estatales que aquél también había sido empoderado para tomar. Y así, quién tenía un lobby para sacar una ley mercantilista, quien quería que un juez resolviera un litigio a su favor, quien necesitaba fondos públicos para su campaña o su negocio televisivo, sólo tenía una voluntad a la cual convencer.

No fue la corrupción, sin embargo, lo único que floreció cuando se permitió a Fujimori ir derribando, uno a uno, los contrapesos y trincheras que existen para defender los derechos de los ciudadanos frente al poder. Prosperó también la indefensión. Los opositores al régimen que eran perseguidos por la administración tributaria, por la fiscalía, por las comisiones investigadoras de un congreso mayoritariamente servil, por el Poder Judicial o por el instrumento estatal que fuese, mientras eran difamados por una prensa mayoritariamente comprada por el régimen, no tenían a quién acudir para defenderse: todos los hilos terminaban en una misma mano. Y lo mismo pasaba a quienes, aún sin tener ningún tipo de participación pública, por motivos comerciales o cualesquiera otros privados,acababan enfrentados (en un juicio o proceso administrativo, por ejemplo) a los intereses de algún socio del régimen. Y también a quienes votaban en contra del sistema y no tenían a dónde recurrir cuando sus votos no eran contados en el fraude que, pese a su auténtica popularidad, perpetró el gobierno en el 2000. Los ejemplos, en fin, son inagotables. El punto es que nadie tenía cómo defenderse frente al poder. Y eso incluía a aquellos que apoyaban al gobierno y que nunca fueron tocados personalmente por las arbitrariedades que este cometió: incluso ellos estaban absolutamente indefensos, aunque no llegasen a tener la oportunidad de comprobarlo en los hechos, frente a la voluntad del poder.

Las instituciones, los peruanos tendríamos que asumirlo ya, tienen un valor intrínseco: dividen el poder. Más o menos corruptas, más o menos eficientes, siempre sirven para que una sola persona no tenga la sartén por el mango y, por lo tanto, para al menos dificultar la corrupción y la arbitrariedad. Por eso Martin Shapiro, un importante profesor de ciencia política norteamericano, repite: “prefiero tener tres abusivos gobernándome, que a uno solo”. Y lo mismo se aplica a tres corruptos, frente a uno solo. Porque cuando el poder está dividido, al menos existen diferentes intereses decidiendo, hay contrapesos, tiene que haber negociación y se abren puertas que uno puede tocar para defenderse.

De lo que se trata en resumen, es de impedir que las personas estemos en unas solas manos. Entre otras cosas, porque la historia (incluyendo la peruana) ha enseñado una y mil veces que, cuando estas se ven sin controles, tarde o temprano acaban por apretar más de lo que quisieran quienes se entregaron a ellas.

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