Telefónica adeudaría a la hacienda peruana 3,600 millones de soles

Informe: IDL reporteros

Además de su deuda con Sunat, Telefónica también tiene obligaciones pendientes con Osiptel

Para entender la deuda que Telefónica mantiene con el Estado hay que revisar la resolución del Tribunal Fiscal del 27 de diciembre de 2010 que rechaza los reparos puestos por la empresa contra la acotación que le hizo la Sunat para cobrarle tributos por el año fiscal 2000-2001. (Ver documento)
De acuerdo con la Sunat, la deuda está integrada por diferentes conceptos. Los dos principales son “provisión de cobranza dudosa no sustentada conforme a ley”, es decir los impuestos aplicados a cuentas de clientes a los que la empresa no pudo cobrar y “cargas financieras”, los intereses sobre préstamos que recibió la empresa.
El primer concepto representa, según Sunat, el 25.4% del total de la deuda y el segundo el 41.6% de la misma.
Para defenderse de la acotación de Sunat, la empresa debía demostrar que hizo todas las gestiones necesarias para cobrarle a sus clientes morosos y acreditar que los préstamos que recibió, entre el 2000 y 2001, fueron destinados a sus operaciones. Esto debido a que existe la presunción de que el dinero fue destinado a las subsidiarias de la empresa (operadoras de telefonía móvil o cable), hecho que estaba gravado.

En las 59 páginas de la resolución, y luego de repasar las versiones de ambas partes, el Tribunal Fiscal concluye que “la Administración (la Sunat) dejó constancia que la recurrente (Telefónica) no había demostrado documentariamente las gestiones de cobro realizadas a sus clientes morosos luego del vencimiento de la deuda, y que los análisis periódicos de los créditos concedidos quedaron desvirtuados”.

Edificio de telefónica en Lima-Perú


Luego, señala “que de la revisión de la documentación que obra en autos, se advierte que si bien la recurrente podía contar con información histórica de sus clientes almacenada en medios informáticos, no cumplió con proporcionar documentación fehaciente que acreditara que en los ejercicios acotados efectivamente hubiera hecho uso de tal información u otra existente para realizar análisis periódicos de los créditos otorgados”. En pocas palabras, el Tribunal sostuvo que si bien Telefónica tenía información de sus clientes no hizo uso de estos datos para prever el “riesgo de incobrabilidad”
Sobre los préstamos obtenidos por Telefónica, el Tribunal Fiscal sostiene que la empresa presentó información incompleta para demostrar el destino que dio a estos fondos. “Que tampoco presentó planes y/o proyectos de inversión, contratos que acreditaran la realización de tales inversiones, comprobantes de pagos que sustenten las adquisiciones, presupuestos, cotizaciones, entre otros; pese a habérselos solicitado mediante los requerimientos antes citados, ya que teniendo en cuenta el volumen de éstas, que alegó haber realizado, debió presentar por lo menos análisis muestrales documentados; sin embargo, se limitó a señalar que sustentar el destino de dichos recursos a partir de la identificación del empleo de cada sol resultaba de imposible cumplimiento, exigencia que no había sido requerida”, dice la resolución.
Y a continuación sigue: “Que en tal sentido, los medios probatorios aportados por la recurrente (Sunat) sólo reflejaron los registros contables de los financiamientos o su origen, y no demostraron que los recursos provenientes de dichos financiamientos hubieran sido empleados en la generación de renta o el mantenimiento de su fuente, conforme alegó”.
Como siempre, IDL-Reporteros pidió a Telefónica una opinión sobre su deuda fiscal, pero respondieron que no dirían nada. Sin embargo, por la intervención de sus abogados en las audiencias en las que se ha visto la deuda tributaria, se sabe que Telefónica considera que, de acuerdo con estándares internacionales, sí hizo todas las gestiones necesarias para cobrar a sus clientes morosos y que bastaba con presentar un documento de ‘Estado de flujo de caja’, para acreditar el destino que dio a los préstamos que recibió.

Del timbrazo al vibrador

Por Emilio Camacho

A fines de octubre, IDL-Reporteros informó sobre la demanda presentada por la empresa Telefónica contra la Sunat y el Tribunal Fiscal para obstaculizar el cobro de una deuda tributaria de 2,300 millones de soles que la empresa tiene con el Estado, una situación que debe definirse en el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, que preside el juez Carlos Cueva Andaviza.
Desde octubre hasta la fecha, mientras el tema se resuelve en la vía judicial y con las claras ventajas obtenidas por la empresa– como la medida cautelar que Cueva Andaviza le otorgó a Telefónica y con la cual congeló el cobro de la deuda–, el Estado ha expresado su posición sobre el tema de manera confusa. Primero fijó posición el presidente Ollanta Humala, cuando el 28 de octubre, luego de reunirse en Paraguay con el rey Juan Carlos de España y el entonces presidente de gobierno de ese país, José Luis Zapatero, sostuvo que para su administración era preocupante “que grandes empresas que tienen muchos años en el Perú estén judicializando al Estado, que estén en un proceso contencioso con el Perú por el pago de tributos”.
La pauta estaba marcada y parecía que el gobierno se mantendría firme a la hora de cobrar la deuda de la empresa y aprovecharía que estaba pendiente la renovación de las licencias de telefonía móvil para fortalecer su posición.
No fue así. El 16 de noviembre, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, sostuvo que la renovación de licencias se evaluaba al margen de la deuda con Sunat. Y el 23 de noviembre, el presidente Humala se reunió con César Alierta, presidente de la matriz española de Telefónica. En este encuentro, Humala solo estuvo acompañado por el ministro Carlos Paredes. Al final del mismo, un sobrio Alierta afirmó que Telefónica “respeta totalmente las decisiones del Estado Peruano”. A Humala ni se le vio, aunque fuentes dignas de confianza aseguran que el presidente expresó su preocupación por el tema tributario.
A partir de esa fecha, tanto el Estado como la empresa se sumieron en silencio sobre la deuda tributaria y la renovación de licencias.
Eso fue hasta el martes pasado, cuando el viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez, dio a entender que resolver el tema de las licencias tomará más de lo previsto. “El Gobierno anterior se demoró dos años en evaluar, y la actual administración tiene el derecho a pensar bien qué es lo que se va a hacer”, sostuvo (Gestión, miércoles 14 de diciembre).
Después de ello, volvió la secretividad al gobierno. Para esta nota, por ejemplo, IDL-Reporteros pidió una entrevista con el ministro Paredes, antes y después de su ratificación en el gabinete, y también con el viceministro Pérez, pero, a través de la oficina de prensa del MTC, ambos respondieron que no darían declaraciones.
Mientras tanto, en el juzgado de Cueva Andaviza, actualmente investigado por la OCMA debido a la cautelar que entregó a Telefónica, todavía no se resuelve la oposición presentada por la SUNAT contra esa medida. Las cosas van a un ritmo tan pausado que el 5 diciembre se emitió una resolución en la que se notifica a Telefónica de la oposición de Sunat a la cautelar, pero este documento, de acuerdo al portal del Poder Judicial, recién fue entregado el 16 de Diciembre, a los abogados de la empresa.
Otras deudas
¿Es la deuda con Sunat la única obligación pendiente de la empresa? Pues no. Telefónica también mantiene una deuda nada desdeñable con Osiptel. Y si bien es cierto que a inicios de noviembre, después que se supo de su deuda tributaria, pagó 11 millones 270 mil soles a este organismo, según Osiptel todavía mantiene una deuda de más de 17 millones de soles por multas recaídas sobre sus operaciones y las de sus subsidiarias Telefónica Móviles S.A.C y Telefónica Multimedia S.A.C. Estas obligaciones también han sido objetadas ante el Poder Judicial y algunas llevan años en juicio. Las más antiguas vienen de 1999 y corresponden a Telefónica Multimedia S.A.C, el administrador del servicio de cable que brinda la empresa y que en agosto de este año fue transferido a Telefónica Móviles.
¿Allí se acaban las deudas? Al parecer no. Hasta ahora se ha dicho poco sobre las obligaciones que tienen las empresas de telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico del servicio de telefonía móvil. Y se ha dicho poco porque, al parecer, el mismo Estado no tiene claro cuánto le deben las empresas de telecomunicaciones por ese concepto. Por ello, en abril de este año se contrató una consultoría para “el sinceramiento de las cuentas por cobrar del concepto de canon” radioeléctrico. La responsabilidad ha recaído en el Consorcio Proyectos Consultorías e Inversiones, al que se le pagará 605 mil soles para que defina cuál es la deuda que las empresa mantienen con el Estado hasta el año 2009. La consultora debía concluir su trabajo en seis meses. Es decir, en noviembre. Las empresas a las que incluye esta auditoría son: Telefónica del Perú S.A.A, Telefónica Móviles S.A, Telefónica Empresas Perú S.A.A, Nextel del Perú S.A, América Móvil Perú S.A.C, Telmex Perú S.A y Gilat to Home Perú S.A.
IDL-Reporteros llamó a Samuel Bendezú, representante del Consorcio Proyectos Consultorías e Inversiones, para conocer si ya había entregado su evaluación al Ministerio de Transportes. Bendezú respondió que no podía dar detalles del tema por un “acuerdo de confidencialidad”. Hasta el cierre de esta nota, el MTC tampoco había respondido nuestras consultas sobre el tema.
¿Y hay alguna deuda más? Pues sí. La deuda tributaria de Telefónica que se discute en el PJ corresponde a los ejercicios fiscales 2000-2001, la Sunat la fijó en 2,300 millones de soles, de los cuales, según el Tribunal Fiscal, son“exigibles”1,600 millones. Lo que todavía no se conoce es cuánto debe la empresa por otros ejercicios fiscales. Se sabe que el Tribunal Fiscal debe fallar por acotaciones de los periodos fiscales 2002-2005 (que ascienden a 1,300 millones de soles). Además, la deuda del periodo 98-99 debe ser reevaluada por la Sunat a pedido del Tribunal Fiscal. Tal parece que estos casos, como si se hubieran contagiado de las lentas gestiones del tribunal del juez Cueva Andaviza, marchan al ritmo de los quelonios.
Como siempre, IDL-Reporteros consultó a Telefónica sobre sus deudas, y, como es usual, respondieron, a través de su gerente de comunicación, Guillermo Denegri, que “no harían comentarios”.

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