Dossier: IDL Reporteros


La impotente regulación

Por Milagros Salazar

El catastrófico derrame de petróleo ocasionado por British Petroleum revela que incluso en una nación poderosa como Estados Unidos, la debilidad regulatoria con las industrias extractivas puede tener consecuencias calamitosas para el medio ambiente. En el Perú, las principales empresas mineras, que obtuvieron en los últimos cinco años ganancias que bordean los US$ 20 mil millones, realizan actividades potencialmente peligrosas en zonas pobres, que requieren de una fiscalización competente y eficaz.

Pero el nivel de respeto de estas compañías al territorio de donde extraen el mineral y también al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es casi nulo. Sólo el 22% de las multas por contaminación ambiental o imprudencias que provocaron la muerte de trabajadores son pagadas a pesar de tratarse de sumas irrisorias. Aquí les presentamos los casos de varias infracciones graves y a las empresas que las cometieron.

A más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, dos hombres descienden por una chimenea enorme y lúgubre por donde no discurre humo sino mineral. Es un Ore Pass, un túnel vertical de casi dos metros de diámetro que atraviesa un cerro por donde se lanzan las rocas metálicas para que desde el fondo sean acarreadas a la planta concentradora de minerales. Alejandro Efraín Robles Campos de 23 años y Jorge Eduardo Santiago Castillo de 48, bajan por ese boquerón para realizar un trabajo de alto riesgo: reparar e instalar las nuevas estructuras del recipiente donde cae el mineral en el último tramo del túnel. El escenario de esta operación de suspenso es una región gélida y gris: Pasco, en una de las minas subterráneas de Volcan.

Miércoles 3 de octubre de 2007. El inspector de seguridad Pedro Marcelo Hermitaño paraliza las labores porque no hay permiso de trabajo de alto riesgo. El superintendente de mina, José Córdova Hurtado, le exige al jefe de la cuadrilla de obreros que no detenga el trabajo “porque es de emergencia” y promete ocuparse de las autorizaciones después. Ante la orden, Alejandro y Jorge siguen bajando por el Ore Pass.

Unos peones inexpertos y presurosos colocan un solo escudo (guarda-cabeza) para proteger a sus compañeros. Pero dentro del túnel, las rocas se desprenden, caen y matan a Alejandro y Jorge.

“La presión existente sobre los trabajadores para una rápida instalación del “guarda cabeza” constituyó una de las causas del accidente según la resolución N°001483 de la gerencia general del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) emitida en diciembre de 2008. Además, la empresa no evaluó los riesgos y permitió que se colocara un solo protector cuando según el propio procedimiento interno de Volcan debió colocarse dos. La minera tampoco contaba con un manual “de uso fácil y flexible que contenga los estándares, procedimientos y prácticas de la tarea (peligrosa) encomendada” a Alejandro y Jorge.

Para abundar en irregularidades: los trabajadores pertenecían a una contratista, SECOMIC, que no estaba inscrita en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y por lo tanto, escapaba de las exigencias de normas de seguridad que impone el sector.

Julio de 2007. En la misma región Pasco, un efluente de las operaciones de la minera Atacocha desemboca en el río Huallaga. Los hidrógrafos señalan que este río nace en esta región pero una prueba de laboratorio revela que también “muere” por tramos en esta zona. Aquel efluente minero metalúrgico que termina en el Huallaga concentra 4, 3 miligramos por litro (mg/l) de zinc en uno de los puntos de monitoreo, una cantidad que supera el límite máximo permisible (LMP) de 3,0 mg/l. La gerencia general de Osinergmin sentencia en su resolución N° 00898 que tal presencia de zinc es riesgosa “para la salud, el bienestar humano y los ecosistemas” y por lo tanto constituye una infracción grave.

En enero de 2008, los supervisores vuelven a las instalaciones de Atacocha y detectan diez infracciones que van desde el depósito de relaves en sitios que no cuentan con autorización hasta descargas de efluentes al Huallaga sin tratamiento ni permiso de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Cuatro de esas faltas fueron reiteradas según la resolución N° 002627 de la gerencia general del 11 de mayo de 2009. Es decir, la minera ignoró las recomendaciones de la entidad fiscalizadora para detener el daño ambiental.

A pesar de la gravedad comprobada de los hechos, estos casos fueron impugnados por las empresas ante Osinergmin para evitar el pago de las multas impuestas. Aunque las faltas ocurrieron en 2007 y 2008 hasta hoy siguen sin ser sancionadas. ¿Se trata de casos aislados?

De las 290 multas impuestas por Osinergmin entre 2007 y el 30 de abril de 2010, sólo 111 fueron canceladas. Mientras las impugnaciones sólo en la vía administrativa pueden prolongarse hasta por cuatro años, el Estado deja de recibir US$13 millones 130 mil.

Aunque el monto resulta muy pequeño en comparación a los daños ocasionados y a las ganancias, que bordean los US$20 mil millones[1], que obtuvieron las principales mineras entre 2005 y 2009, los casos revelan el comportamiento de algunas compañías para evadir la ley y la impotencia del Estado para que las sanciones económicas sean acatadas. La cifra de las multas no pagadas, pese a ser ridícula, representa nada menos que el 77.38% del monto total.

Además, hay otros 50 casos paralizados en el Poder Judicial. La mayoría se inició antes de 2007 cuando el Minem estaba a cargo de la fiscalización. Existen procesos que incluso tienen nueve años en la congeladora. Esto es lo que heredará en los próximos días el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), nueva entidad del Ministerio del Ambiente, que asumirá la fiscalización ambiental del Estado.

Las infractoras

La empresa con mayor número de sanciones entre 2007 y 2009 es la peruana Volcan. La gerencia general de Osinergmin emitió 18 resoluciones por infracciones calificadas en casi todos los casos de “muy graves” por daño ambiental y la muerte de los trabajadores Alejandro Robles y Jorge Santiago.

El monto de las multas de Volcan asciende a 1,184 Unidades Impositivas Tributaria (UIT): US$ 1 millón 495 mil si se considera que cada UIT está valorizada en S/.3,600 o US$ 1,263 dólares.

De ese monto, la empresa no ha pagado la mayor parte (920 UIT) al haber apelado diez resoluciones de la gerencia que hoy se encuentran en manos del consejo directivo de Osinergmin, la segunda y última instancia en la vía administrativa.

Las infracciones corresponden a actividades ilegales para ampliar las operaciones de la minera y la contaminación del río San Juan y el bofedal del valle Rumiallana (Pasco), rodeado por pobladores que aún viven de la ganadería, según habitantes de la zona entrevistados por IDL-Reporteros.

En abril de este año, Volcan fue sancionada con 100 UIT por infracciones a las normas ambientales que también impugnó. En mayo, ha vuelto a ser notificada por otras faltas en el mismo rubro.

Atacocha es la segunda en el ranking infractor. Esta minera, que desde noviembre de 2008 forma parte del grupo Milpo y opera en Pasco, enfrenta 12 procesos sancionadores de la gerencia. La compañía impugnó el pago de 500 UIT, de las 764 que se le exige asumir.

Atacocha descargaba efluentes sin tratamiento ni permiso a una quebrada que desemboca en el Huallaga.
Varias de las infracciones son por contaminación del río Huallaga. En el caso de la resolución N° 002627 de Osinergmin del 11 de mayo de 2009, la empresa aseguró que los efluentes de la mina eran echados al río para soldar el cajón metálico que las retenía temporalmente. Falso.

La entidad supervisora detectó que la descarga continuaba días después de la supuesta soldadura, como demuestran las fotografías a las que tuvo acceso IDL-Reporteros. “Solucionar un problema operativo no justifica de modo alguno la descarga no autorizada de desechos al ambiente”, concluyó Osinergmin.

Semanas después, en febrero, la fiscalizadora volvió a detectar efluentes contaminantes que discurrían a la quebrada Atacocha y al suelo natural así como fluidos excedentes del depósito de relaves Cajamarquilla que terminaron nuevamente en el río Huallaga.

Vía mail o nada

Buenaventura, una de las accionistas de la gran aurífera Yanacocha y que tiene unidades mineras en diversas regiones del país, ha rechazado las cinco multas que le ha impuesto la gerencia general de la reguladora entre 2007 y 2009 y que ascienden a 380 UIT. Una es por la descarga de efluentes de desmontes al río Chilcaymarca (Arequipa) sin tratamiento ni permiso y las otras por la muerte de cuatro trabajadores. (Ver más aquí)

A fines de marzo de 2010, Buenaventura fue multada otras dos veces con 102 UIT por daño ambiental. La empresa también las impugnó. En mayo, recibió otra multa por 90 UIT.

Buenaventura declaró a IDL-Reporteros que sólo hace “estricto uso de su legítimo derecho de impugnar actos administrativos del Organismo Supervisor” y que acatará lo que resuelva la autoridad judicial. Los representantes de la empresa respondieron vía correo y evitaron una entrevista cara a cara. Atacocha apeló al mismo recurso y agregó que desde que el grupo Milpo compró la empresa está “adoptando las acciones necesarias” para cumplir las normas.

Volcan, la que encabeza la lista, prefirió el silencio.
Doe Run es la minera con la multa más elevada por contaminar de manera sistemática el aire y los ríos de La Oroya: 600 UIT en razón a 86 incumplimientos de las normas y compromisos asumidos en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). La empresa presentó un recurso de consideración ante el consejo directivo de Osinergmin en mayo de 2009, pero esta instancia declaró nulo su pedido en marzo de este año y ordenó la cobranza coactiva.

En contraste, hay empresas que apenas tienen en su récord una o dos sanciones por montos menores a las 50 UIT y que suelen pagar sus multas, como es el caso de Antamina y Cerro Verde. Pero son pocas.

Aunque en el Poder Judicial aún no se ha resuelto ningún caso de las mineras sancionadas por Osinergmin, el 92.27% de los procesos a empresas de hidrocarburos y electricidad han concluido con sentencias favorables a esta institución.

Entre las compañías que han congelado de manera recurrente los cobros de multas en las instancias judiciales figuran Buenaventura, San Nicolás y Los Quenuales. La política que se impone es la del “no pago”.

¿Dónde están las debilidades para una mayor regulación y una sanción efectiva?, ¿son las multas proporcionales al daño causado? Algunas respuestas en la siguiente parte de este reportaje.

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[1] El monto representa las ganancias de cinco empresas: Cerro Verde, Barrick, Southern, Yanacocha y Antamina, según los estados financieros de estas compañías.

UN BUFFET DE BUFETES

El Estudio García Sayán tiene entre sus clientes a Volcan y Buenaventura, empresas que prefieren impugnar antes que pagar sus multas. Volcan además cuenta con el asesoramiento del Estudio Osterling, lo cual no sorprende porque Felipe Osterling Parodi es el vicepresidente de esta minera desde abril, cuando murió el presidente del directorio, Roberto Letts.

Otra empresa que hace lo posible por no pagar sus multas es Atacocha, que en 2008 fue adquirida por el grupo Milpo. El Estudio Grau registra en su página web a Milpo y Buenaventura como sus clientes más destacados en el sector minero y ofrece sus servicios para asesorar “en procedimientos de supervisión y fiscalización”.

El estudio Echecopar también ha brindado servicios a Atacocha.

Los honorarios de esos bufetes, ¿son quizá mayores que las exiguas multas?

LAS GANANCIAS MILLONARIAS

A las tres empresas que registran el mayor número de infracciones no les ha ido nada mal. Entre 2007 y 2009, precisamente en los años en que se les impuso la mayoría de multas, Buenaventura obtuvo US$1,021 millones de utilidades netas. Entre 2008 y 2009 sus ganancias casi se triplicaron de US$ 153 millones a US$ 594 millones, según el estado financiero de esta empresa que aparece en la página web de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).

Milpo, que compró Atacocha en 2008, también pudo disfrutar de un repunte de sus ganancias: de US$ 31 millones en 2008 a US$ 61 millones en 2009.En los últimos tres años Volcan tuvo su mejor momento en 2007 con US$ 397 millones, mientras que en los dos siguientes años experimentó una caída. Sin embargo, entre 2004 y 2006 llegó a obtener más de US$ 377 millones en utilidades netas.

La bonanza del sector minero ha desbordado incluso las proyecciones más entusiastas. Entre 2005 y 2009, las cinco mineras más grandes lograron ganancias que estuvieron cerca de los US$20 mil millones, de acuerdo con los estados financieros de las compañías.

Tales estimaciones no difieren de las cifras gubernamentales. De 2005 al primer semestre de 2008, las mineras extranjeras que representan a las más grandes del rubro, obtuvieron US$15 mil millones de utilidades, según el Banco Central de Reserva. Sólo entre 2005 y 2007 se observó un incremento de ganancias de 150%.

Mientras que en 2009, un año que se pensó iba ser malo por la crisis financiera, las ganancias de algunas empresas se mantuvieron e incluso siguieron creciendo, como es el caso de Yanacocha que de US$ 464 millones en 2008 pasó a ganar US$ 713 millones.

VOLCAN ENCABEZA SANCIONES POR CONTAMINACIÓN

Las evidencias de contaminación causadas por las operaciones de Volcan abundan. Los registros de Osinergmin entre 2007 y 2009 la colocan como la empresa con más infracciones de normas ambientales.

Los efluentes de la planta de neutralización de aguas de mina de la Unidad Carahuacra, de Volcan, donde se procesa el agua que será luego devuelta a los ríos, excedieron los límites permisibles de zinc y hierro según un análisis realizado por el laboratorio J. Ramón del Perú S.A.C en diciembre de 2007 a pedido del órgano supervisor.

“La infracción debe ser calificada como grave toda vez que los límites máximos permisibles (LMP) para las actividades mineras están fijados para salvaguardar la salud, el bienestar humano y medio ambiente, por lo que excederlos supone un menoscabo material calificado como daño ambiental”, concluyó Osinergmin en la resolución N° 001075 de octubre de 2008.

En otra visita realizada en mayo de 2008 a la unidad minera Cerro de Pasco de Volcan, los supervisores detectaron que el efluente del agua industrial Paragsha también excedía los LMP con 4.7 miligramos por litro (mg/l) de zinc y 208 mg/l de sólidos en suspensión que indican el grado de turbidez al agua por la presencia de residuos mineros.

La misma falta se repitió en otra planta de neutralización de las aguas. En setiembre de 2008, la supervisora detectó que Volcan inició actividades de construcción de vías de acceso para el nuevo depósito de desmontes Rumiallana sin contar con un estudio de impacto ambiental ni estudios previos para analizar las condiciones del suelo que le exigen las normas. Como resultado de estas “actividades ilícitas”, como las calificó Osinergmin, se generaron deslizamientos de “considerable magnitud” sobre el bofedal del valle Rumiallana que terminó bloqueado por los sedimentos.

La empresa argumentó que luego del deslizamiento se derivaron las aguas de la quebrada que alimentaba al bofedal para no saturarlo y que se construyeron pozas naturales para sedimentar los sólidos y reducir el impacto en las aguas. Osinergmin replicó en la resolución N°002967 del 12 de junio de 2009 que esas acciones no fueron medidas de prevención y que el daño estaba consumado. Los empresarios de Volcan cerraron los ojos y apelaron.

Volcan tiene fama de hacer ampliaciones y construcciones en sus instalaciones sin permiso como lo revela una resolución de febrero de 2009 en la que se le sanciona con 200 UIT por no detener la construcción de su planta de minerales oxidados que no contaba con autorización del Minem. La empresa impugnó la resolución pero luego se arrepintió.

La compañía sólo ha pagado cinco multas impuestas por el Minem por contaminar ríos y lagunas en 2006, luego de acudir hasta la última instancia en la vía administrativa. El consejo directivo de Osinergmin falló en su contra en todos estos casos con resoluciones emitidas entre 2007 y 2008. Pese a tratarse de faltas graves al medio ambiente, las multas apenas oscilaron entre 6 y 30 UIT.

El mismo modus operandi se repite para ocho sanciones en seguridad e higiene por hechos ocurridos en 2007 y que también fueron ratificadas por el consejo directivo. Cinco de ellas confirman que Volcan no tomó medidas de prevención, no supervisó ni capacitó a varios trabajadores que murieron realizando operaciones por órdenes de la empresa.

BUENAVENTURA Y SUS OPERACIONES DE ALTO RIESGO

En los últimos tres años, la empresa que más ha impugnado sanciones por muertes de trabajadores es Buenaventura. ¿Pruebas? Varias.

Ronie Edgar Canaza Coila murió el 8 de enero de 2007 cuando reparaba los buzones de una chimenea de 28 metros de altura. Cayó desde lo alto. La fiscalizadora determinó que Ronie no fue guiado a la hora de realizar este trabajo riesgoso: la persona encargada de supervisarlo abandonó el lugar ni bien se dio la orden para el inicio de la operación y tampoco contaba con el permiso del Departamento de Seguridad de la empresa para cumplir esta función.

No había un procedimiento escrito de trabajo seguro (PET) para la actividad y “al trabajador fallecido se le encargó un trabajo para el cual no estaba capacitado y no era su especialidad”, apuntó Osinergmin en su resolución N° 001029 de setiembre de 2008, en la que determina hasta tres infracciones de Buenaventura que causaron la muerte de Ronie.

Teófilo Ramos Ticllasuca murió el 7 de junio de 2008 cuando intentaba colocar con cincel y comba un explosivo que le permitiría desprender un planchón de rocas de manera controlada para extraer el mineral. Los errores se repitieron: el trabajo se realizó sin una supervisión permanente, sin que Teófilo sea capacitado para una operación como ésta y sin que se le informara de las fallas de las rocas que debía derrumbar y que ya habían sido detectadas días antes por el departamento de geomecánica de la empresa.

Buenaventura detectó la falla geológica el 3 de junio, cinco días antes de la muerte de Teófilo, pero según el supervisor de geomecánica esta advertencia recién iba a publicarse el 11 de junio, fecha en que el trabajador ya estaba enterrado. Pese a ello, el hecho fue calificado por Osinergmin como un accidente de trabajo.

Pero los incumplimientos de esta empresa a las normas de seguridad y su actitud de evadir las sanciones no son recientes. Cuando el Minem tenía a su cargo la fiscalización, también presentó varios recursos de consideración por muertes de trabajadores registradas en operaciones de alto riesgo durante 2006.

Al heredar estos expedientes Osinergmin, el Consejo Directivo ratificó en 2007 cuatro sanciones por considerar que la empresa incurrió en errores que trajeron como consecuencia la muerte de cinco trabajadores: Cosme Roly Espinoza Bonilla, Práxides Molina Cruz, Ernesto Manuelo Usca, Jeremías Nilo Falcón Eunofre y David Ángel Calderón Marcelo.

En estos casos el argumento principal de la empresa siempre ha sido responsabilizar a los muertos y de calificar de “subjetivas” las pruebas técnicas de la entidad fiscalizadora que halló la ausencia de procedimientos escritos de trabajo seguro (PET), estudios para determinar el peligro de las operaciones, supervisión y capacitación a los trabajadores para desarrollar este tipo de labores, pese a ser obligaciones legales.

De estos casos, Buenaventura sólo ha pagado una multa y ha acudido al Poder Judicial para evitar el cobro de las otras.

CÓMO EVADIR SANCIONES

El presidente de Osinergmin reconoce lentitud del consejo directivo para resolver sanciones impugnadas.
Los más de US$13 millones que no pagan las empresas mineras en multas por daños ambientales y operaciones inseguras, es casi igual al monto que Osinergmin gastó entre 2007 y 2009 para fiscalizarlas. La sanción económica que se les impone resulta impotente ante infracciones consumadas.

Con los descargos que algunas empresas mineras presentan al Osinergmin, podría escribirse un libro para dummies o principiantes sobre “Cómo hacer para no pagar una multa”.

La empresa Volcan, que opera en Cerro de Pasco y tiene el mayor número de sanciones por contaminación, ha tratado de invalidar las multas que le ha impuesto la gerencia general de Osinergmin, con pruebas de laboratorio hechas por encargo.

La minera impugnó la resolución N° 001075 de octubre de 2008 en la que se evidencia que uno de los efluentes de Volcan superaba los límites máximos permisibles (LMP) de zinc y hierro. Como parte de su defensa, presentó informes de ensayo con resultados por debajo de los LMP que mandó a hacer al laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C. en una fecha distinta a la supervisión y sin indicar el punto de monitoreo.

“Volcan no aporta medio probatorio que sustente técnicamente su pretensión de invalidar el resultado obtenido”, sentenció el órgano regulador. El caso sigue entrampado en la segunda instancia.

Buenaventura, que ha impugnado todas las resoluciones de la gerencia general, no se queda atrás en los alegatos de manual. Como reveló IDL-Reporteros en la parte central de este reportaje, en la resolución N°001029, la gerencia general del órgano regulador sancionó a esta minera con US$126 mil 325 (100 UIT) por encontrar hasta tres infracciones relacionadas con la muerte del trabajador Ronie Edgar Canaza Coila, el 8 de enero de 2007. Su deceso se produjo cuando reparaba los buzones de una chimenea de 28 metros de altura.

La compañía arguyó que el accidente se originó por “un acto propio, voluntario y negligente del accidentado” y que le entregó la indumentaria y equipos de seguridad necesarios como si la responsabilidad de la empresa sólo radicara en entregar casco y guantes.

De acuerdo a las normas, la empresa debió supervisar la operación de alto peligro y no lo hizo, no capacitó al trabajador para esta tarea y tampoco contaba con el respectivo procedimiento escrito de trabajo seguro (PET) que le hubiese permitido prevenir los riesgos.

Con argumentos como estos, varias empresas han logrado que más del 77% de las multas impuestas entre 2007 y abril de 2010 no puedan ser cobradas. El monto no pagado supera los US12.3 millones que la gerencia de fiscalización minera de Osinergmin ha tenido como presupuesto en los tres últimos años.

Asesores S.O.S.

¿Cómo se explica la actitud y los alegatos de las compañías? “Son los abogados de las empresas que en su afán de defensa buscan cualquier argumento. Las compañías se equivocan al recurrir a ellos”, respondió a IDL-Reporteros el gerente de fiscalización minera, Guillermo Shinno.

Las grandes mineras tienen sus propias áreas legales para argumentar sus descargos pero también recurren a importantes estudios de abogados según la complejidad de los casos.

“Las sancionadas pagan las multas bajas, de 10 UIT (US$12 mil 631) y tienden a impugnar las más altas”, apuntó Shinno.

Pero el gremio minero dice sentirse acosado. El presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Arana, declaró al diario Expreso en marzo que Osinergmin realizaba una “persecución cuasi policial” contra las empresas. Y esperaba que esos “métodos” no sean aplicados por la institución que asumirá en breve la fiscalización de la minería en el tema ambiental: el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) del Ministerio del Ambiente.

“Si se espera que la minería trabaje con guantes y mandil blanco, se está en otro planeta (…) la minería es barro, tierra, hacer huecos (…) minería que no perturba no existe”, argumentó Arana con extrema sinceridad. En realidad, tal exceso de vigilancia no existe.

Lo que hay es una mejor fiscalización desde que Osinergmin asumió esta función en 2007 si se compara con el trabajo realizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pero aún se está lejos de regular con eficiencia la minería.

LUCES Y SOMBRAS

La gerencia de fiscalización cuenta con 25 profesionales (abogados e ingenieros) que analizan los expedientes en oficina y contrata a ocho supervisoras que tienen 64 técnicos destinados a inspecciones de campo. Estas inspectoras pasaron por un nuevo proceso de selección porque, según Osinergmin, algunas no tenían la capacidad para fiscalizar a las empresas más grandes.

¿Pero eso basta para una fiscalización profesional?, ¿no hay casos que escapan del radar de Osinergmin?

“Una institución no se construye de la noche a la mañana. Cuando nos dieron esta tarea, el Minem no nos dio en forma inmediata los documentos de los procesos, tampoco personal ni recursos. Hemos funcionado con el dinero que aportan otros sectores como energía e hidrocarburos para contratar a técnicos capaces”, respondió Alfredo Dammert, presidente de Osinergmin.

El funcionario admitió que recién en 2009 se empezó a agilizar los procesos de sanción que incluyen multas y recomendaciones para remediar las faltas, pero esto sólo ocurrió en la gerencia de fiscalización donde se acumulan las pruebas y se valoran los descargos de las empresas en primera instancia. El mayor entrampamiento continúa en el consejo directivo, la segunda instancia. Ahí está el cuello de botella.

IDL-Reporteros verificó que por lo menos unos 50 casos ya resueltos por la gerencia siguen esperando una respuesta del consejo directivo por infracciones que incluso fueron consumadas hace tres años. Apenas 11 resoluciones fueron emitidas por impugnaciones a multas impuestas por la gerencia general desde que Osinergmin asumió la fiscalización del sector minero. Los casos que se han priorizado son los de mayor escándalo público como los de Doe Run y Casapalca.

Hasta el momento no se ha instalado el Tribunal de Apelaciones y Sanciones en Temas de Energía y Minas (TASTEM), sala que debería ver los casos en segunda instancia como sucede en los sectores energéticos y de hidrocarburos. Con este tribunal, podrían haberse agilizado los procesos ya que está integrado por expertos que pueden sesionar hasta dos veces por semana.

Dammert anunció que pronto se elevarán los expedientes al TASTEM y que antes no fue posible porque no había consenso en el consejo.

Pero ¿sirve de mucho ahora que la OEFA está a punto de asumir la fiscalización del impacto ambiental? La supervisión ambiental a estas empresas representa aproximadamente el 60% de la carga de la gerencia de fiscalización minera de Osinergmin que ahora sólo se quedará con los casos de infracción a normas de seguridad e higiene.

Osinergmin logró incrementar el tope de multas por infracciones ambientales hasta por 10 mil UIT pero sólo para proyectos de exploración. Aún no se ha registrado una sanción por ese monto.

Las multas por falta de seguridad e higiene en las operaciones mineras siguen siendo bajas.

Para Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, hay varios problemas de fiscalización que surgen de las normas: los Límites Máximos Permisibles (LMP) para el sector minero no se actualizan desde hace 14 años y tampoco está definida la indemnización de daños a terceros.

¿Cómo se explica que el gobierno promueva la inversión minera y resalte su aporte económico para el país, sin las armas necesarias para regular, a la vez, esta peligrosa actividad? Ni las leyes ni los mecanismos son suficientemente disuasivos para proteger el medio ambiente y la vida, y tampoco para sancionar eficazmente a quienes los incumplen.

Con lo rentable que es, la actividad minera puede ser un peligroso agente de desequilibrio ecológico, de depredación ambiental y de conflictos sociales. ¿En qué momento el daño supera el beneficio?, ¿cuándo la avaricia se convierte en amenaza? Eso lo debe responder una entidad fiscalizadora experta y con una fuerte autoridad, capaz de actuar en forma pronta y decisiva, tal cual Barack Obama hubiera ahora deseado hacer a tiempo con la British Petroleum.

DEFENSORÍA: SANCIONES DEBEN APLICARSE CON EFICACIA Y ENERGÍA

Iván Lanegra recomienda incrementar las multas para desalentar las impugnaciones.

Las armas para proteger el medio ambiente están desfasadas.

El Adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, señaló a IDL-Reporteros que Osinergmin fiscaliza con límites máximos permisibles (LMP) de efluentes y emisiones minero metalúrgicos aprobados en 1996. El Banco Mundial en un informe de 2005 ya había determinado que estos parámetros se encuentran por debajo de los estándares para prevenir la contaminación.

En noviembre de 2006, el ex Consejo Nacional del Ambiente que dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros, se comprometió a aprobar hasta fines de 2008, 39 LMP. Vencido el plazo, sólo dio luz verde a dos.

En 2009, el Ministerio del Ambiente (Minam) estableció un nuevo cronograma de aprobación y redujo la valla a 23 LMP. Hasta el momento se ha aprobado dos y precisamente entre los parámetros pendientes figura el de las emisiones y efluentes en la actividad minera.

“¿De qué sirve un gran despliegue para fiscalizar si las normas para reducir la contaminación son laxas y no garantizan eficacia? Así, los problemas subsisten y los beneficios ambientales son menores.”, argumentó Lanegra.

El funcionario consideró que como primer paso, los esfuerzos deben desplegarse en la prevención de los daños y para ello es importante la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros, que hoy siguen siendo aprobados por el Ministerios de Energía y Minas (Minem) el mismo que promueve la inversión del sector. La Defensoría ha recomendado que esta función pase al Ministerio del Ambiente.

“Cuando la prevención no funciona y se produce una infracción ambiental, el Estado debe actuar en forma rápida para mitigar los posibles daños y utilizar con eficacia y energía sus facultades sancionadoras”, señaló.

Los derechos que se otorga a las personas para defenderse de los posibles excesos del Estado en los procesos administrativos, han sido distorsionados por algunas empresas que impugnan las multas para postergar el pago lo máximo que se pueda.

“Se debe desalentar el uso de estos mecanismos con objetivos puramente dilatorios”, indicó Ivan Lanegra. Para él, una forma es incrementar las multas de las infracciones y establecer un monto adicional de pago cuando se recurra a impugnaciones injustificadas.

DAÑOS A TERCEROS
Los montos de las multas que aplica Osinergmin no siempre son mayores a lo que ahorraron las empresas por incumplir obligaciones ambientales.

Casos abundan como hemos visto en este reportaje: lo que dejó de gastar una empresa por no reparar un depósito de relaves a punto de colapsar, por echar efluentes minero metalúrgicos al río sin previo tratamiento, por ampliar sus instalaciones sin autorización, por no hacer estudios de suelos que pudieran prever deslizamientos de tierras sobre un bofedal.

Osinergmin avanzó en parte con el incremento de estas multas, pero principalmente para proyectos en etapa de exploración. El proceso está a medio camino y tendrá que ser retomado por la Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) del Ministerio del Ambiente.

Otro aspecto importante para Iván Lanegra es reforzar el sistema de responsabilidad civil por daños al medio ambiente, a las personas o comunidades. “Es un tema que no se ha desarrollado de manera apropiada y que debería trabajarse para proteger los derechos de terceros y los bienes (lagunas, ríos, bosques naturales) que son Patrimonio de la Nación”, aseguró Lanegra.

La aplicación de indemnizaciones, que se rigen bajo el Código Procesal Civil, requiere un mecanismo sencillo que permita a los afectados demostrar la afectación de sus derechos. “Eso por lo general es costoso y difícil de probar. Por eso en otros países se han creado procuradurías ambientales que puedan contribuir al hallazgo de pruebas”, apuntó.

El Minam cuenta desde enero de este año con una procuraduría e impulsa la implementación de fiscalías especializadas para investigar los delitos ambientales que desde 2008 pueden ser sancionados con 3 a 8 años de cárcel. Pero hasta hoy no existe nadie tras las rejas por afectar el medio ambiente.

Además, el Minam interviene sólo cuando hay daños dentro de áreas naturales protegidas y de las 255 denuncias que ha impulsado, unos 35 involucran a mineros informales, no a empresas. El procurador del ministerio, Julio Cesar Guzmán Mendoza, señaló a IDL- Reporteros que sólo existe un caso en investigación preliminar en una fiscalía no especializada en Ancash contra Antamina por presuntos daños al Parque Nacional Huascarán.

Los casos que ocurren fuera de áreas naturales protegidas no son investigados. “La procuraduría del Ministerio de Energía y Minas tampoco lo hace porque dice que no le compete, ahí existe un vacío”, señaló Guzmán.

El presidente de Osinergmin, Alfredo Dammert, aseguró que las resoluciones que emite la institución que dirige pueden constituir pruebas para que los afectados reclamen por estas indemnizaciones ante el Poder Judicial o para que las fiscalías actúen de oficio. Lo cierto, es que las comunidades afectadas no tienen por lo general recursos para contratar a Estudios como al Echecopar o al Estudio García Sayán con el fin de reclamar por reparaciones económicas, como sí lo pueden hacer las empresas, pero para impugnar sanciones.

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