10.000 personas podrían perder sus permisos de trabajo

Alicante. “Mientras que en Alicante y en el conjunto de España el número de extranjeros en situación irregular ha disminuido, en el conjunto de la Comunidad Valenciana prácticamente se mantiene… cuesta encontrar una explicación para este dato. Una de los motivos que podría justificarlo es que la inmigración irregular presente en Alicante es más antigua que en las otras dos provincias lo que habría permitido a un grupo importante acceder a la regularidad documental por el trámite de arraigo social”.

Con esta análisis, el Secretariado Diocesano de Migración (Asti-Alicante) del Obispado de Orihuela-Alicante estimó que unos 10.000 extranjeros, 5.000 de ellos en Alicante, pueden perder sus permisos en toda la Comunitat Valenciana por efecto de la crisis.

Asti-Alicante ha publicado esta semana, en el marco del Día Mundial del Inmigrante, el informe ‘Inmigrantes en situación irregular. Alicante-Comunidad Valenciana-España. Análisis de la situación documental de los extranjeros en el año 2009’, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Fondo Social Europeo.

Según el informe, “aunque no es posible realizar un cálculo preciso de los extranjeros en situación legal que perderán sus permisos como efecto de la crisis la estimación realizada apunta a cifra próxima a 5000 extranjeros irregulares para la provincia de Alicante y de unos 10.000 en la Comunidad Valenciana”.

“Es importante comprender las dramáticas consecuencias familiares, económicas y sociales de esta situación y la necesidad de tomar medidas al respecto”, apunta el informe.

Entre las principales conclusiones que se desprenden del estudio “llama la atención que todavía existe un escaso grado de integración de los residentes comunitarios en la provincia”. Las cifras estiman que 143.670 extranjeros comunitarios carecen en Alicante del certificado de registro, sobre un total de 299.948 empadronados. El incumplimiento de la obligación de poseer este certificado está sancionado con 300 euros, aunque “en la práctica ni se persigue ni se sanciona esta situación”.

Por otra parte, la situación es bien diferente para los extranjeros de terceros países que carecen de autorización para residir en España. A ellos, según Asti, “esta falta les deja en situación de irregularidad administrativa y de gran vulnerabilidad, con las consiguientes consecuencias legales, sociales y económicas”.

Según los datos manejados en el Informe de Asti-Alicante a principios de 2009 el número de extranjeros no comunitarios irregulares en Alicante “era sensiblemente inferior a la de 2008 -una estimación de 40.608 frente a la estimación de 46.839 de 2008-, a diferencia del conjunto de la Comunitat Valenciana donde la cifra se ha mantenido.

Estos más de 40.000 extranjeros en situación irregular en la provincia de Alicante “se enfrentan a multas de hasta 6.000 euros o a la expulsión”. Del informe se desprende, además, que la cuantía de las sanciones económicas que la Oficina de Extranjeros de Alicante aplica por esta situación “es hasta 20 veces superior a las de otros puntos de España”.

Ante esta “situación tan desigual entre los extranjeros comunitarios y los de terceros países”, Asti-Alicante quiso “denunciar la gran vulnerabilidad que esta situación genera en los segundos, ya que “conlleva el miedo constante a ser sancionado, detenido y/o expulsado por los cuerpos policiales, la indefensión ante la explotación y precariedad laboral así como la dificultad para desarrollar el proyecto migratorio personal y familiar”.

MEDIDAS
En cuanto a las medidas concretas que se aportan para frenar estas situaciones irregulares, Asti propone “mejorar la coordinación entre las administraciones estatales, autonómicas y locales en las políticas de integración documental, laboral y social”.

También demandó “el mantenimiento y desarrollo de los servicios de asesoría jurídica y la aplicación flexible de la normativa vigente en materia de renovación de permisos y la contemplación de las circunstancias particulares que en cada caso puedan concurrir”.

Por último, también pidió “cautela en los mensajes públicos de los responsables políticos y en cualquier tipo de actuación administrativa o policial que tienda a la criminalización o discriminación de los extranjeros abocados a la situación de irregularidad”.

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