CEAR, Andalucía Acoge y Cáritas denuncian que la Ley de Extranjería recorta las garantías constitucionales a los inmigrantes

Pilar Muruve (Cáritas Regional de Andalucía), Mikel Araguás (secretario general de Andalucía Acoge), Ricardo García (responsable de Sensibilización de CEAR-Sur) y Manuel Lancha (Equipo Jurídico de Andalucía AcogeAfirman que la reforma no universaliza los derechos fundamentales, como ordenó el Tribunal Constitucional
Las organizaciones sociales CEAR-SUR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Andalucía Acoge y Cáritas Regional de Andalucía manifestaron su rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería, aprobada definitivamente por el Congreso el 26 de noviembre, porque “recorta las garantías constitucionales a la población inmigrante y se alinea con la política restrictiva europea en materia de inmigración”.
“No es cierto, como se decía en la exposición de motivos del proyecto de ley, que cumpla en su integridad con las sentencias del Tribunal Constitucional universalizando los derechos fundamentales para todos los extranjeros con independencia de su situación administrativa. Es precisamente en los derechos prestacionales donde la propuesta de ley es más restrictiva”, denunciaron las citadas ONG en un comunicado conjunto.

Además de la ampliación del periodo de internamiento en los CIE, que a partir de ahora será de 60 días en vez de 40, las organizaciones lamentaron especialmente “el recorte en el acceso a la educación por el que se impide, por ejemplo, a mayores de 18 años sin permiso de residencia el acceso a la universidad; o las restricciones a la reagrupación familiar, por las que una persona inmigrante no puede reagrupar a sus padres a menos que tengan más de 65 años y haya permanecido en España más de cinco años”.

“En el último tramo parlamentario se han incluido elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración, como la introducción del vago concepto de ‘esfuerzo de integración’, como si éste fuera un proceso unilateral de las personas inmigrantes, o las trabas de acceso al padrón municipal con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo”, señalaron las ONG.

En esta Ley “se vincula la concesión de derechos al tiempo de residencia en nuestro país, retrocediendo hacia posiciones que dificultan la integración y el principio de igualdad de trato”, según Ricardo García, responsable de sensibilización de CEAR Sur, para el que además es especialmente sangrante que se siga abriendo expediente de expulsión a las víctimas de violencia de género en situación irregular. Cualquier obstáculo que impida que la mujer víctima de violencia de género denuncie, debe ser eliminado, señaló, porque, aunque este expediente de expulsión se mantenga en suspenso hasta que se resuelva el proceso de violencia, se convierte en un impedimento real para la denuncia, generando una doble discriminación.

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